Estándares de probidad

La confianza en las instituciones se construye lentamente, pero puede deteriorarse con enorme rapidez. Pocas instituciones dependen tanto de esa confianza como el Poder Judicial, cuya legitimidad descansa no sólo en el imperio de la ley y en la independencia con que sus jueces deben resolver, sino también en la convicción ciudadana de que quienes imparten justicia se encuentran sometidos a estándares de probidad acordes con la enorme responsabilidad que ejercen.

La decisión de la Corte Suprema de remover a 11 jueces luego de procesos disciplinarios originados por viajes al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas vuelve a instalar una discusión que trasciende largamente los casos individuales. Entre los magistrados apartados figura una jueza de Familia de Punta Arenas, mientras otra funcionaria judicial de la región recurrió al Tribunal Constitucional para intentar detener su destitución. Se trata, por tanto, de una controversia que también toca directamente a Magallanes.

En este contexto resulta especialmente significativo el pronunciamiento de la Asociación Regional de Magistrados de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sus integrantes no sólo se distanciaron de la forma en que la directiva nacional de su gremio ha enfrentado las decisiones de la Corte Suprema, sino que pusieron el acento donde corresponde: en la probidad y la integridad funcionaria. Mientras la dirigencia nacional ha cuestionado el procedimiento seguido en estas remociones y ha desplegado gestiones para controvertir la actuación del máximo tribunal, los magistrados magallánicos sostienen que existen facultades constitucionales entregadas a la Suprema para calificar el buen comportamiento de los jueces y remarcan que los casos han sido examinados individualmente, con instancias de audiencia y defensa.

Naturalmente, todo funcionario sometido a un procedimiento disciplinario tiene derecho a defenderse y a exigir que las decisiones que lo afecten se adopten con apego a reglas claras. También es atendible la necesidad de revisar el gobierno judicial y perfeccionar un régimen disciplinario que, como reconocen los propios magistrados regionales, requiere normas más objetivas y garantías procesales robustas. Pero esa discusión necesaria no puede terminar eclipsando los hechos que dieron origen a estos procesos.

El uso irregular de licencias médicas ha provocado un profundo malestar ciudadano precisamente porque supone utilizar un instrumento concebido para proteger a quien se encuentra imposibilitado de trabajar por razones de salud con una finalidad distinta. Cuando una conducta de esa naturaleza involucra a integrantes del Poder Judicial, el problema adquiere una dimensión todavía mayor.

Los jueces están llamados diariamente a resolver sobre los actos de otros. Determinan responsabilidades, aplican sanciones, resuelven controversias y exigen el cumplimiento de las normas. Esa función no supone que deban ser personas infalibles ni quedar sometidas a una suerte de escrutinio moral ilimitado, pero sí implica una responsabilidad institucional particularmente elevada. Resultaría difícil exigir respeto por las decisiones judiciales si quienes las adoptan aparecieran ante la ciudadanía sujetos a estándares menos rigurosos que aquellos que el Estado demanda al resto de sus funcionarios.

Por eso, este episodio debiera ser entendido también como una oportunidad para fortalecer al Poder Judicial. Reformar sus mecanismos disciplinarios, entregar mayor certeza a sus procedimientos y asegurar plenamente el derecho a defensa son objetivos perfectamente compatibles con exigir probidad y responsabilidad.

La independencia judicial es una garantía indispensable de la democracia, pero no puede confundirse con ausencia de control. Por el contrario, cuanto mayor es la autonomía que una sociedad entrega a quienes ejercen una función pública, mayor debe ser también la responsabilidad con que ésta se ejerce.