Reforma al Estado

Siempre es una buena noticia la decisión política de un gobierno para efectuar una reforma o mejora dentro de sus competencias, pues a la postre ello debería ceder en beneficio de los ciudadanos y, especialmente aquellos que requieren un mayor apoyo del Estado.

También es una buena noticia que el trabajo, para su inicio, convoque a un número importante de expertos y expertas que permitan delimitar el trabajo a realizar.

Así ha empezado el proceso de reforma al Estado de Chile que se ha dividido en dos aspectos fundamentales: modernización del estatuto administrativo o empleo público (Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público) y la reorganización profunda del estado de Chile (Comisión de Nueva Arquitectura del Estado)

Hasta aquí, vamos bien. Lo que importa, entonces es ¿cómo seguimos?

Desde ya, anticipo que, si se pretende avanzar en estos enormes temas, sólo desde la comisión, para luego pasar a la elaboración de los proyectos, es evidente que el trabajo no permitirá cumplir los objetivos que se han planteado como determinantes para su éxito. Se ha señalado que se efectuarán consultas a diversos organismos de la sociedad civil, a agrupaciones, organizaciones y asociaciones de funcionarios y otros entes representativos de los estamentos públicos. Parece que seguimos en buen rumbo.

Pero, falta algo.

Lo cierto es que no existe una evaluación ciudadana, más o menos objetiva, del funcionamiento del estado, del cumplimiento de sus tareas propias, de la satisfacción de las principales necesidades que el Estado debe proveer o de la eficacia de su actual número de servidores públicos destinados a la ejecución de sus tareas y aquí la pregunta es: ¿cómo accedemos a tan importante insumo o información y cómo aseguramos su fidelidad o cercanía a la realidad?. Este es el problema vital.

No tengo una respuesta definitiva, pero si sé quienes deberían ser aliados en esta noble tarea de ajustar el Estado y los servidores públicos a un funcionamiento que permita su eficiencia y cumplimiento de sus fines.

Me refiero a las universidades, organizaciones de usuarios del Estado en donde incluyo al ciudadano de a pie como a los profesionales que interactúan permanentemente con él, así que en esta parte se abre a las organizaciones gremiales de profesionales y oficios.

También es necesario tener presente la visión y evaluación de los proveedores del Estado, de las instancias que velan por la transparencia y la probidad, así como también la mirada del fisco o del Ministerio de Hacienda respecto a su funcionamiento y eficiencia.

De este modo, aparece como lógico, considerar que este no es un proceso de noventa o ciento veinte días. Si se pretende ejecutar este proceso es necesario pensar en un periodo no inferior a un año que permita efectivamente una reforma que sea eficiente y, lo más importante, que realmente sirva al ciudadano.