Alrededor de 30 familias con subsidios en Punta Arenas no pueden construir por falta de factibilidad sanitaria

Entre 25 y 30 familias de Punta Arenas que cuentan con subsidios habitacionales se encuentran impedidas de construir sus viviendas debido a que sus terrenos -subdivisiones prediales irregulares conocidas como “tipo fideo”- no reúnen las condiciones técnicas para conectarse a las redes de agua potable y alcantarillado. Así lo revela la respuesta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a un requerimiento del senador Karim Bianchi, que descartó instruir mecanismos excepcionales de conexión y dejó la solución supeditada a la regularización de los predios.

El caso se originó en un oficio del senador, que alertó sobre la paralización de proyectos habitacionales en la comuna por falta de factibilidad sanitaria, planteando que Aguas Magallanes S.A. no estaría otorgando factibilidad a estas familias. El parlamentario solicitó a la SISS un informe técnico y jurídico y que se instruyera a la empresa a evaluar mecanismos excepcionales de conexión, resguardando el acceso al agua potable y al saneamiento.

En su respuesta, Aguas Magallanes precisó que sí ha cumplido con su obligación de emitir los certificados de factibilidad a todos los proyectos dentro de su territorio operacional. Sin embargo, advirtió que los casos observados corresponden a subdivisiones irregulares denominadas “tipo fideo”, predios angostos y alargados que no cuentan con el frente suficiente para instalar conexiones individuales de agua potable y alcantarillado, tal como exige el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias (RIDAA).

Según explicó la empresa, en estos terrenos no es posible cumplir con la exigencia de que cada predio disponga de un espacio en su frente para instalar el nicho, el medidor y la cámara domiciliaria, ya que el arranque de agua potable no puede ser compartido entre propiedades. Se trata de una situación que -afirmó- es de conocimiento de la Superintendencia desde al menos 2019, y que ha sido advertida en múltiples ocasiones a la Dirección de Obras Municipales de Punta Arenas.

Catastro no entregado
por Minvu

Uno de los nudos del problema es un catastro pendiente. La empresa señaló que en 2025 -mediante carta a la seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) fechada en diciembre de ese año- solicitó un catastro consolidado de todos los predios de Punta Arenas que se encontrarían en esta condición, con el objetivo de analizar alternativas de solución, sin que hasta la fecha se haya recibido esa información. La falta de ese catastro, planteado originalmente por el propio Minvu, ha detenido la evaluación técnica de los casos.

SISS descarta soluciones
de excepción

En su pronunciamiento de fondo, la Superintendencia fue clara: el régimen sanitario vigente establece que, tratándose de subdivisiones prediales, cada lote resultante debe contar con su propia solución de conexión, salvo que exista un régimen especial autorizado, como el de copropiedad inmobiliaria. Las obras necesarias, agregó, deben ser ejecutadas por quien corresponda -el propietario o el urbanizador- , por lo que la factibilidad no depende únicamente de la existencia de redes públicas en el sector, sino del cumplimiento de las condiciones técnicas que permitan una conexión segura.

En consecuencia, la SISS concluyó que “no se advierten fundamentos suficientes para instruir mecanismos excepcionales de conexión que impliquen prescindir de las exigencias establecidas en la normativa vigente”. Cualquier solución, sostuvo, debe pasar por la regularización de los predios mediante procesos formales de loteo -en que los caminos pasen a ser bien nacional de uso público- o su desarrollo bajo el régimen de copropiedad.

No obstante, la Superintendencia estimó pertinente que los organismos con competencia continúen coordinando esfuerzos para identificar alternativas que, ajustándose a la normativa, permitan abordar la situación que afecta a las familias involucradas. En esa línea, Aguas Magallanes indicó que ha participado en reuniones de trabajo con la seremi del Minvu, la Dirección de Obras Municipales y la oficina regional de la SISS para revisar los casos.