“Durante 15 años se ha perjudicado a Magallanes porque se le ha hecho pagar el costo de ciertas políticas nacionales”

Fernando Barros llegó esta semana por tercera vez a Magallanes en cinco meses. La conversación con este medio se realizó en el Comando Austral, un día después de que anunciara en la Base Aérea de Chabunco el inicio del proceso de reemplazo de los F-5 y la construcción de nuevas bases en la zona austral, y de que las tres ramas expusieran el plan de Infraestructura Soberana ante las autoridades regionales.

El ministro se resistió a entregar cifras de inversión, pero sí puso plazos y prioridades: unidades del Ejército en Tierra del Fuego, conectar por tierra Punta Arenas con Yendegaia dentro de este gobierno y extender la temporada antártica de octubre a abril. Consultado por el comercio con las Malvinas/Falkland, fue escueto. Horas más tarde, ante la Comisión de Defensa de la Cámara, que sesionó en Punta Arenas, fue bastante más lejos.

“Vemos Magallanes como una posición estratégica. Chile es un país tricontinental y el eje de esa posición es la región”, explica Barros, agregando la “importancia indudable” que ha ido tomando el estrecho los últimos años. “Los pasos marítimos tienen cada día más un revival como pasos estratégicos para el comercio mundial”.

El Ministerio de Defensa asume en esta visita y plan de infraestructura, una mirada hacia la ocupación y el poblamiento del territorio. “Vemos con preocupación el decaimiento poblacional de la zona sur austral, en parte por falta de oportunidades, de conectividad y de servicios públicos”, explica Barros. “Por eso nos propusimos poner todo el acelerador, junto con Obras Públicas, Hacienda y otros ministerios, en la conectividad de Tierra del Fuego. Lo ideal es que Punta Arenas hasta Yendegaia quede conectado dentro de este gobierno, e idealmente llegar hasta Puerto Williams y Puerto Toro”.

Tierra del Fuego y un
“Pérez Rosales 2.0”

El ministro Barros explica que el plan de infraestructura presentado busca “hacer una convocatoria, un Pérez Rosales 2.0”. La referencia no es casual. Vicente Pérez Rosales (1807-1886) fue el agente de colonización que el Estado chileno designó en 1850, al amparo de la Ley de Colonización de 1845, para poblar el territorio entonces casi deshabitado entre Valdivia y el seno de Reloncaví. Bajo su conducción llegaron cientos de familias de colonos alemanes a las riberas del lago Llanquihue, y en 1853 fundó Puerto Montt. Su gestión es considerada el mayor esfuerzo estatal del siglo XIX por ocupar y conectar un territorio despoblado a través de la radicación de familias.

La versión “2.0” que plantea Barros invierte el origen de los colonos: no apunta a inmigrantes extranjeros, sino a “una convocatoria a los chilenos”, y descansa en la presencia del Estado -unidades militares, servicios públicos y caminos como la ruta a Yendegaia- como condición para que la gente llegue y se quede.

– En Chabunco se anunció el estudio de nuevas bases militares en la zona austral. ¿Dónde se ve mayor necesidad?

– “La historia de Chile demuestra que en torno a recintos militares surgieron ciudades. El gran problema que tenemos en el sur austral es que falta gente, y la gente, para irse, requiere oportunidades, y eso está asociado a una presencia del Estado. Lo que se está planteando es, en Tierra del Fuego, localizar algunas unidades, de tamaño por definir -no estamos hablando de grandes regimientos-, en sitios de desarrollo estratégico futuro, y que en torno a eso vayan surgiendo otras ofertas de servicio estatal: una comisaría, una posta, una oferta educacional.

“Es un Pérez Rosales 2.0: una convocatoria a los chilenos para tomar Magallanes como una oportunidad para la juventud, de desarrollo, de emprendimiento. Una vez que se vaya abriendo la senda a través de Tierra del Fuego hasta Yendegaia, van a surgir paisajes maravillosos y oportunidades enormes”.

Los “fierros”: F-5,
helicópteros y aviones

– En cuanto al equipamiento, ¿cuánto tomará el reemplazo de los F-5?

“En defensa son pasos lentos y de largo plazo. El gran paso es incorporar a una hoja de ruta clara una iniciativa que estaba en el plano conceptual. Eso supone un proceso de estudio, con negociaciones de gobierno a gobierno, para determinar el modelo más adecuado. Debe tomar al menos un par de años llegar a una definición como país. Y después viene ver la disponibilidad: si esos equipamientos nuevos son tres, cinco o siete años para tenerlo”.

– ¿Y en cuanto al corto plazo?

– “El reemplazo de los helicópteros, porque ya está el presupuesto y estamos en proceso de licitación. También la modernización de los Leopard, con una empresa extranjera en asociación con Famae, lo que significa traspaso de tecnología y mano de obra local. La compra de cuatro aviones de largo alcance para el patrullaje es una transacción que deberá concretarse en los próximos seis meses. Y la compra de cinco aviones de tamaño medio, tres de ellos para Magallanes, uno con aporte del Gobierno Regional, para cubrir la logística antártica y las necesidades de rescate dentro de la región”.

“El país tenía una
deuda con Defensa”

– Tres viajes a la región en cinco meses y anuncios de grueso calibre. ¿Estaba eso en la planificación de marzo?

– “Como he comentado, yo no me esperaba ni siquiera ser ministro. Iniciamos un proceso acelerado de recorrer, y quedó en evidencia que el país tenía una deuda con Defensa. Se eliminó la Ley Reservada del Cobre y se estableció un nuevo sistema, y en los primeros dos años en que había que hacer los aportes comprometidos, no se cumplió. En dos años solo se entregó el 25% del mínimo que establecía el nuevo sistema legal. Este gobierno se ha puesto al día: se ha ido pagando lo que no se puso el 24 y el 25, y se ha cumplido con lo del 26. No ha habido un incremento explosivo, como algunos han entendido”.

– En la presentación de las tres ramas, el general Rodríguez mencionó el centro espacial, que quedó fuera del plan de Infraestructura Soberana. ¿En qué quedó eso?

– “Hemos querido ser bien serios. Deben cumplirse ciertos hitos y para hacerlo acá tenemos tres cosas. Uno, ver cuánto cuesta y su potencial. Dos, qué representa y qué factibilidad hay, porque una cosa es partir con los estudios de ingeniería, arquitectura, cálculo. Otra cosa es la construcción del inmueble. Y una tercera cosa es cómo se va a financiar en el tiempo. Nosotros no podemos pedirle al Gobierno Regional que gaste una cantidad, aunque no sea enorme, para algo que todavía no está cubierto en sus tres aspectos… Tenemos que tener claro si hay un mercado que pueda comprar servicios en un nivel que permita el autofinanciamiento en el tiempo y que no sea una carga para Magallanes. Hemos tenido muy buen avance y creo que va a quedar resuelto dentro del año”.

Escudo de las Américas
y la base de Ushuaia

– ¿Cómo conversan estos anuncios con la incorporación de Chile al Escudo de las Américas y las advertencias de expresidentes y excancilleres sobre la soberanía?

– “Es un convenio de colaboración y de coordinación de inteligencia entre 15 países frente a los riesgos que representan el narcotráfico y otras figuras delictivas. No supone ninguna obligación ni compromiso de las Fuerzas Armadas; no son parte de este proceso, porque el narcotráfico en Chile no es materia de las Fuerzas Armadas, sino de las policías. Chile va a estar ahí hasta el día que quiera. Que haya personas cuya visión tiene un sesgo político es una consideración que creo que no es bueno mezclar en este análisis. Es una crítica política que, en definitiva, creo que no da para más”.

– En Ushuaia, Argentina proyecta una base naval en conjunto con Estados Unidos. ¿Se avizora un modelo similar en Chile?

– “Chile no tiene previsto hoy ningún acuerdo particular sobre infraestructura, porque en general sus necesidades en el territorio nacional se han satisfecho siempre solo. Lo de Ushuaia es una decisión soberana de un país vecino que respetamos y que no marca para nada las decisiones que se adoptan en Chile”.

Malvinas/Falkland: “Ningún gobierno ha hecho nada”

– Otro tema regional de contingencia estas semanas es el comercio con las islas Malvinas/Falkland. ¿Tendrá algún rol Defensa?

– “Hoy el comercio y en general todas las actividades que se desarrollan en Chile o desde Chile tienen que cumplir con el ordenamiento jurídico, y eso supone respetar las leyes nacionales y, si se trata de un comercio internacional, las leyes internacionales tanto en lo relativo al transporte como a las normas del territorio donde pueda estar destinado un acto comercial. Defensa no tiene ninguna opinión en la materia”.

Sin embargo, horas después, ante la Comisión de Defensa, el ministro fue bastante más lejos. El diputado Alejandro Riquelme planteó que el decreto argentino 256, de 2010, que exige autorización previa a los buques que se dirigen a las islas, podría afectar a la naviera chilena que reabrirá la ruta desde Punta Arenas en noviembre. Barros reconoció que esas normas “existen desde el 2010” y que, aunque se pueda sostener que contravienen el derecho internacional, “ningún gobierno ha hecho nada. Hemos dejado pasar muchas cosas y hemos debilitado la fortaleza de las instituciones”, admitió.
“Magallanes ha sido afectada negativamente por ciertas políticas que llevan 15 años, que limitan el acceso, la oportunidad de negocios, tanto en el ámbito de bienes y de servicios a ciertas embarcaciones. Y gobiernos de distintos signos lo han dejado pasar. Recién ahora va a haber un cambio en esa materia”.  Y remató: “Durante 15 años, queramos o no queramos, se ha perjudicado a Magallanes porque se le ha hecho pagar el costo de ciertas políticas nacionales”.