PDI publica licitación de $4.910 millones para instalar control biométrico en aeropuerto y pasos fronterizos de Magallanes

La Policía de Investigaciones (PDI) publicó este martes 29 de septiembre en Mercado Público la licitación para adquirir e implementar el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El presupuesto máximo es de $4.910.312.000, impuestos incluidos, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El sistema permitirá identificar a personas mediante huellas dactilares y palmares, rostro y voz, y se desplegará en el Aeropuerto de Punta Arenas, Aeródromo de Puerto Natales, los terminales portuarios de ambas ciudades, seis pasos fronterizos y la Avanzada de Puerto Williams. Además de controlar a los pasajeros, servirá a la PDI para identificar a detenidos y a personas fallecidas.

Con la publicación se cierra una etapa de tramitación que comenzó hace más de un año. La PDI ingresó la solicitud de financiamiento en septiembre de 2025, el Consejo Regional la aprobó en enero y el pasado 21 de julio el gobernador Jorge Flies y el jefe regional de la PDI, prefecto inspector Carlos Vásquez Palma, firmaron el mandato con el que el Gobierno Regional encargó a la policía licitar, adjudicar y supervisar el proyecto.

Reparos de Contraloría

El 23 de septiembre, la Contraloría Regional tomó razón de la Resolución N°72, de 21 de agosto, que aprueba las bases. Lo hizo “con alcances”: el contralor regional Jorge Beamin Rosas planteó seis observaciones que deberán “ser aclarados y/o rectificados en el portal de compras públicas”.

La principal apunta a la prueba de concepto, una demostración obligatoria de cinco días en el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, en Pudahuel. Las bases establecen que quien no asista queda fuera, pero, según Contraloría, no regulan qué pasa si el equipo de un oferente falla en uno o más requisitos. Tampoco fijan “parámetros objetivos” para determinar cuándo la prueba se entiende superada.

El organismo también advirtió que la garantía de fiel cumplimiento omite que debe cubrir las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratista. Recordó que, antes de cada pago, la PDI debe registrar la recepción conforme de los servicios, y precisó que, como las bases no fijan plazo para firmar el contrato, regirá el plazo supletorio de 60 días corridos.

Los dos reparos restantes son errores en la pauta de evaluación. La nota final se calcula como la suma de “6 factores”, pero la tabla tiene siete. Además, la falta de experiencia del oferente se asocia al criterio equivocado. El precio pesará un 40%; la experiencia en bases biométricas de organismos gubernamentales, un 20%; la implementación demostrada en huellas, rostro y voz, un 15%, y el plazo de entrega, otro 15%.

Cómo funcionará
en el aeropuerto

En el terminal aéreo Presidente Carlos Ibáñez del Campo, el control tendrá dos etapas. Primero, el pasajero leerá su pasaporte o cédula en un kiosco de autoatención que captura su rostro y sus huellas y lee la tarjeta de embarque. Luego, un pórtico automático (e-Gate) verificará su identidad en menos de tres segundos, con un cruce completo en menos de 12 segundos.

En paralelo, los datos se cruzarán con los sistemas de la PDI “para verificar si existen encargos, requisitorias u otras”. La solución también deberá poder consultar al Registro Civil y a la red I-24/7 de Interpol.

Las bases no son consistentes en cuántos kioscos habrá. El texto de las especificaciones técnicas habla de diez unidades, mientras que la tabla de equipos indica que la primera etapa “son 5 equipos”. En ambos casos se contempla un solo pórtico. Contraloría no observó esta diferencia.

El proyecto suma 26 estaciones de consulta para las casetas de control migratorio, 13 estaciones fijas de enrolamiento, 14 equipos portátiles, 10 kits satelitales para zonas sin cobertura, teléfonos de consulta y equipos forenses. El contrato incluye soporte por 48 meses.

Los plazos

Según el cronograma de las bases, la visita técnica obligatoria será en Santiago dentro de los primeros cinco días y la prueba de concepto, entre los días 15 y 20 desde la publicación. Las ofertas se cerrarán 60 días corridos después de la publicación, hacia fines de noviembre.

Después vendrán hasta 30 días hábiles de evaluación, hasta 20 días para adjudicar, al menos 10 días hábiles antes de firmar el contrato y hasta 180 días corridos de implementación. Si se cumplen los plazos máximos, el sistema no estaría completamente instalado antes del segundo semestre de 2027.

En junio, Vásquez había proyectado ante el Consejo Policial que el sistema estaría operativo a fines de 2026 o comienzos de 2027. Cuando se presentó el proyecto, en noviembre de 2025, el Gobierno Regional apuntaba al primer trimestre de 2026.