El daño a la confianza pública

El nuevo informe de la Contraloría General de la República sobre funcionarios que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica vuelve a poner en evidencia una situación que afecta no solo la correcta utilización de los recursos públicos, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

Los antecedentes correspondientes a 2025 indican que al menos 277 trabajadores de organismos públicos de Magallanes fueron identificados en esta situación. Entre ellos figuran 124 funcionarios del Servicio de Salud Magallanes y otros 75 del Servicio Local de Educación Pública (Slep), dos instituciones especialmente sensibles por la naturaleza de las prestaciones que entregan a la comunidad.

Si bien las cifras representan una disminución respecto de los registros anteriores, su magnitud continúa siendo preocupante. Más todavía si se considera que el escándalo de las licencias médicas ya había provocado una amplia discusión nacional, la apertura de sumarios administrativos y la aplicación de sanciones, incluidas destituciones.

Conviene precisar que la identificación de un funcionario en estos registros no supone, por sí sola, que exista una responsabilidad administrativa acreditada. Cada situación debe investigarse y resolverse respetando el debido proceso, pues también pueden existir circunstancias justificadas. Sin embargo, aquello no resta gravedad al fenómeno ni atenúa la necesidad de esclarecerlo.

Lo que está en juego es un principio esencial de la función pública: la probidad. Quienes trabajan en el Estado tienen derechos laborales que deben ser respetados, incluido el acceso a licencias médicas cuando su salud lo requiere. Pero esos derechos llevan aparejado el deber de utilizarlos correctamente, con honestidad y responsabilidad.

El eventual abuso de una licencia médica constituye, además, una falta de consideración hacia los propios compañeros de trabajo. Cuando una persona se ausenta injustificadamente de sus funciones, otros deben asumir sus tareas, extender sus jornadas o enfrentar una mayor presión laboral. En servicios como Salud y Educación, esa sobrecarga puede terminar afectando directamente la atención de pacientes y el funcionamiento de los establecimientos educacionales.

Hay, por tanto, una dimensión ética que no debiera quedar relegada detrás de las cifras. El trabajador público no solo cumple un contrato o desempeña una función remunerada. También asume una responsabilidad con la comunidad que financia su labor y espera de él una conducta acorde con la confianza depositada en las instituciones.

Resulta igualmente injusto que estas prácticas proyecten una sombra de sospecha sobre miles de funcionarios que cumplen honestamente sus obligaciones y que, muchas veces, sostienen el funcionamiento de servicios públicos con recursos insuficientes y bajo condiciones laborales exigentes.

La fiscalización de Contraloría constituye una herramienta indispensable para detectar irregularidades, pero debe ir acompañada de investigaciones oportunas, sanciones proporcionales cuando corresponda y mecanismos de control que permitan prevenir nuevos abusos.

La fe pública es un patrimonio difícil de construir y muy fácil de deteriorar. Cada conducta que vulnera la probidad debilita la legitimidad de las instituciones y alimenta la desconfianza hacia quienes trabajan en ellas. Por eso, más allá de la reducción de las cifras, el desafío sigue siendo recuperar una convicción elemental: servir al Estado exige una conducta ética que no puede depender únicamente de la posibilidad de ser fiscalizado.