Informe de Contraloría sobre caso del Slep Magallanes

En nuestra edición dominical se dio a conocer un informe final de la Contraloría Regional sobre un caso puesto bajo su consideración relacionado con el Servicio Local de Educación Pública (Slep) de  Magallanes. Dichas conclusiones constituyen un nuevo y preocupante antecedente respecto de las debilidades administrativas que han acompañado la gestión de este servicio.

Más allá de las responsabilidades individuales que pudieran establecerse, el informe deja al descubierto una sucesión de deficiencias en la contratación de servicios, el control de los recursos públicos y los procedimientos de selección de personal.

Lo observado resulta particularmente inquietante porque afecta a una institución que, desde que asumió la administración de la educación pública regional, ha enfrentado dificultades financieras, conflictos laborales y cuestionamientos a su funcionamiento. En ese contexto, las irregularidades detectadas no pueden considerarse simples errores administrativos sin consecuencias.

La investigación estableció que se contrató a una profesional para realizar procesos de reclutamiento, capacitaciones y asesorías, mediante un convenio que no definía con precisión la cantidad de prestaciones requeridas ni los mecanismos para verificar su cumplimiento. A ello se sumó la ejecución de procesos de selección sin la debida formalización contractual y la participación de terceros que no estaban autorizados expresamente para intervenir.

Pero acaso uno de los aspectos más delicados sea la constatación de que, en determinados concursos, se identificaba de manera diferenciada a los postulantes que ya pertenecían al servicio. Aunque aquello no permite concluir por sí solo que existiera una selección dirigida, sí constituye una práctica que compromete principios esenciales de la administración pública, como la igualdad de oportunidades, la objetividad y la imparcialidad.

Igualmente preocupante es que se hayan detectado antecedentes de un posible conflicto de interés entre una funcionaria encargada de supervisar prestaciones y la profesional contratada. Las relaciones profesionales previas no implican necesariamente una actuación indebida, pero deben ser transparentadas oportunamente para evitar cualquier duda sobre la independencia de las decisiones.

En este caso, además, la Contraloría revisó pagos por más de 11 millones de pesos y encontró respaldos insuficientes para acreditar determinadas prestaciones. Es una situación que obliga a recordar que cada desembolso público debe estar debidamente justificado, con independencia de que el monto involucrado sea mayor o menor.

Corresponde también distinguir entre las irregularidades efectivamente acreditadas y aquellas denuncias que no pudieron comprobarse. El rigor que se exige a la administración debe aplicarse igualmente al momento de establecer responsabilidades.

Sin embargo, el cuadro general descrito por el organismo fiscalizador resulta suficientemente serio como para exigir algo más que compromisos de corrección. El Slep debe demostrar que las medidas anunciadas se implementarán efectivamente y que habrá controles capaces de impedir la repetición de estas prácticas.

La educación pública magallánica necesita recuperar confianza, estabilidad y credibilidad institucional. Y ello no se conseguirá únicamente mejorando los resultados pedagógicos o resolviendo los problemas presupuestarios. También requiere una administración transparente, profesional y rigurosa, donde los procedimientos sean respetados y cada decisión pueda ser debidamente explicada.