Seguridad pública en Punta Arenas

La constitución del Comité de Coordinación Operativa en Seguridad de Punta Arenas representa una oportunidad para avanzar hacia una respuesta más articulada frente a los problemas de violencia, delincuencia e inseguridad que afectan a la comuna.

La presencia del municipio, Carabineros, PDI y el Ministerio Público en una misma instancia debiera facilitar el intercambio de información, la definición de prioridades y, especialmente, la adoptación de medidas concretas que permitan prevenir situaciones de riesgo y mejorar la tranquilidad de la población.

Sin embargo, su creación también plantea un desafío que no puede soslayarse: evitar que este comité termine convirtiéndose en una mesa de las tantas que se han constituido para abordar problemas puntuales, con abundantes diagnósticos y declaraciones de buenas intenciones, pero escasos resultados verificables.

En este sentido, resulta pertinente la advertencia formulada por el alcalde Claudio Radonich respecto de que poco se consigue conversando sobre los problemas de la ciudad si posteriormente no existen acciones en terreno. La eficacia de esta nueva instancia deberá medirse por, precisamente, su capacidad de traducir los acuerdos en intervenciones oportunas, coordinadas y sostenidas.

Un aspecto relevante de su primera sesión fue la decisión de priorizar la violencia intrafamiliar, un problema particularmente preocupante por su incidencia regional y por las graves consecuencias que tiene para las víctimas y sus familias. El reconocimiento del consumo de alcohol como un factor recurrente, así como la necesidad de compartir información entre las distintas instituciones, constituye un punto de partida para diseñar estrategias preventivas más eficaces.

La intención de georreferenciar las denuncias y caracterizar a las víctimas apunta en una dirección correcta, siempre que ese conocimiento permita anticipar riesgos, fortalecer las redes de protección y evitar la reiteración de episodios de violencia. No basta con reaccionar cuando los hechos ya han ocurrido. La prevención debe convertirse en un componente central de la política comunal de seguridad.

Lo mismo debe aplicarse a las otras prioridades identificadas, entre ellas el consumo de alcohol y drogas, las incivilidades, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y los ruidos molestos. Cada requiere respuestas específicas, pero también una mirada integral sobre los factores que deterioran la convivencia y alimentan la percepción de inseguridad.

A la vez, resulta necesario que el gobierno central agilice la publicación de los reglamentos pendientes de la Ley de Seguridad Municipal. La ampliación de atribuciones y la incorporación de nuevos elementos de protección para los inspectores deben ir acompañados de capacitación, protocolos claros y responsabilidades debidamente delimitadas.

El aumento del presupuesto municipal destinado a seguridad constituye una señal de compromiso, aunque los recursos, por sí solos, tampoco garantizan mejores resultados.

La nueva comisión tiene la responsabilidad de demostrar que la cooperación institucional puede marcar una diferencia real. Para ello será indispensable establecer metas, responsables, plazos y mecanismos periódicos de evaluación, cuyos resultados puedan ser conocidos por la ciudadanía.