La paradoja del gasto regional

Al 31 de agosto, el escenario de las finanzas públicas en Magallanes presenta una aparente paradoja que merece un análisis riguroso. Por un lado, el Gobierno Regional registra un nivel de ejecución superior al promedio nacional y muestra un incremento de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior -pasando de un 45,3% en 2025 al 48% actual-, posicionándose como el séptimo Gore con mejor desempeño a nivel país. Sin embargo, la otra cara de la moneda indica que, a menos de tres meses de concluir el año y con el cierre encima, aún restan por gastar más de $52 mil millones de un marco presupuestario total de $100 mil millones.

Superar la barrera del 50% antes del último tramo del ejercicio anual sigue siendo un desafío complejo para la administración regional. Ciertamente, existen factores de carácter burocrático y centralista que explican parte de este rezago: los recursos estuvieron disponibles recién en marzo, lo que obligó a comprimir la inversión de doce meses en un plazo de diez. En este marco, el Gore ha desembolsado un promedio de $6 mil millones mensuales, registrando sus niveles más altos de gasto en julio ($14 mil millones) y agosto ($9.800 millones). A ello se añade la norma contable dictada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la cual estipula que los fondos solo se consideran formalmente ejecutados una vez que son rendidos, lo que genera un descalce entre el avance efectivo en terreno y las estadísticas oficiales.

Más allá de la métrica financiera, la inversión pública constituye el principal motor para dinamizar la economía de la zona austral y generar empleo. De los $48 mil millones ejecutados al 31 de agosto, un 66,1% (casi $31.770 millones) se destina directamente a obras de infraestructura. A esto se suman $10.148 millones en transferencias de capital para fomento productivo, $2.086 millones en el Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril), $2.564 millones en la compra de máquinas y equipos, $1.893 millones en estudios y $1.651 millones en transferencias corrientes a entidades públicas y privadas.

El gran reto de la gestión pública en el tramo final del año consiste en agilizar la rendición y tramitación de recursos sin caer en un “gasto apresurado” que comprometa la rentabilidad social de los proyectos. La descentralización requiere que el nivel central libere los fondos con oportuna agilidad y que los sistemas de rendimiento sean eficientes. Garantizar que cada peso se traduzca en obras concretas, desarrollo productivo y empleo local no es solo un indicador de gestión, sino una responsabilidad prioritaria con el bienestar de Magallanes.