El gobierno de la desprotección

Michelle Peutat
Exseremi de Justicia

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la misión de promover un sistema judicial mediante políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia y protejan los derechos fundamentales. Sin embargo, esta semana hemos comprobado que para el Gobierno de José Antonio Kast este objetivo ha sido desplazado por una agenda ideológica que avanza en sentido contrario y que debe sincerarse ante la ciudadanía.

Por un lado, presentan un proyecto de ley para modificar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) bajo la excusa de hacerlo “más eficiente”. En realidad, buscan reducirlo a su mínima expresión, tanto en presupuesto como en su despliegue territorial a lo largo del país.

Lo que subyace a esta decisión es puramente ideológico. Durante años han intentado instalar la idea de que el INDH impide a las fuerzas policiales hacer su trabajo y, por ende, debe ser eliminado. Este argumento es falaz -ya que las policías, como agentes del Estado, no pueden excederse en sus facultades- y profundamente reduccionista, pues invisibiliza el rol del INDH en la defensa de derechos esenciales como la salud, la vivienda, la educación o en conflictos medioambientales que han puesto en riesgo vidas.

Las instituciones de derechos humanos materializan la obligación de los Estados de respetar y garantizar estos derechos. Son un contrapeso autónomo e indispensable para frenar los abusos cuando el poder estatal se extralimita. Seamos honestos: lo que el Gobierno busca con esta reforma es un INDH sometido al poder político y hecho a la medida de los abusos que pueda cometer.

A esto se suma el escándalo del ministro Fernando Rabat, quien firmó 56 decretos para rebajar condenas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Esto no responde a un vacío legal ni a una supuesta doctrina de la Corte Suprema, sino a una decisión del Gobierno de interpretar la ley a favor de los abusadores y en desmedro de víctimas que requieren protección estatal reforzada, y si sumamos víctimas de violaciones a derechos humanos ocurridos en dictadura, mucho mejor para su fórmula ideológica. La ciudadanía merece la verdad y no confusión: este Gobierno carece de una convicción real para proteger a la infancia.

Finalmente, la propuesta de ajustar y retrasar la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas confirma este desinterés. Se trata de una deuda histórica del Estado chileno que logró concretarse con apoyo político transversal durante el Gobierno del presidente Gabriel Boric, y que ahora se ve paralizada.

Es urgente sincerar el debate ante el país: al Gobierno de José Antonio Kast no le interesa proteger a quienes más lo necesitan. Su único objetivo es imponer una ideología que, como hemos comprobado, solo favorece a los de siempre.