Entre críticas por costo y falta de visión regional, se aprobaron $29 mil millones para centro de residuos de Tierra del Fuego

“Elefante blanco” y “humo”. Con esos términos, y entre advertencias sobre costos que podrían superar con creces los $29 mil millones, un sector de la derecha cuestionó con dureza el Centro de Gestión de Residuos Sólidos de Tierra del Fuego, que de todos modos fue aprobado por ocho votos contra cuatro y dos abstenciones.

La discusión, tensa y por momentos áspera, enfrentó a quienes pidieron no seguir postergando una solución sanitaria con quienes exigieron una planificación regional y pusieron sobre la mesa la reposición de la Escuela Bernardo O’Higgins como prioridad de Porvenir.

Detrás del resultado hubo varias gestiones para cuadrar a los consejeros oficialistas, mientras que la derecha no logró consenso en este proyecto, ya que Nano Soto y José Luis Paredes optaron por abstenerse, mientras Rodolfo Arecheta, Max Salas, Roxana Gallardo y Robert Weissohn rechazaron. La votación estuvo marcada por la inhabilitación del consejero Juan Morano, quien informó que había tomado conocimiento de un eventual conflicto de interés. Esto se relaciona con un pariente suyo que trabaja en la Municipalidad de Porvenir.

El episodio generó cuestionamientos. Max Salas calificó como relevante que Juan Morano lo hubiera sabido solo ahora y dijo que, tratándose de un vínculo de parentesco, no parecía algo que se conociera recién. A su juicio, el consejero deberá responder en las instancias correspondientes. Arecheta, en tanto, advirtió que el asunto podría terminar en el Tribunal Electoral Regional.

Los argumentos del rechazo

Robert Weissohn centró su crítica en la escala del proyecto y en la falta de una mirada de conjunto. Sostuvo que Tierra del Fuego representa apenas el 4% de los residuos sólidos de la región, mientras sigue pendiente el centro de Magallanes. “Punta Arenas recibe 18 veces más basura que Tierra del Fuego”, afirmó, y advirtió que el Consejo está comprometiendo recursos por separado sin asegurar una solución integrada. “Necesitamos una planificación regional”, insistió.

Roxana Gallardo advirtió que aún se desconoce cuánto costará mantener el centro y cuestionó que esto sea más urgente que resolver las necesidades de Porvenir, donde mencionó la escasez de vivienda y los problemas de alcantarillado del colegio

Max Salas fue más duro, afirmando que el proyecto contempla cuatro domos y que techar cada una de las 43 zanjas costaría $1.000 millones, monto que, según dijo, no está incluido en los $29 mil millones. Calificó la iniciativa de “humo” y de “elefante blanco”, y advirtió que mientras dure la tramitación se seguirá postergando una solución real.

Rodolfo Arecheta reconoció que nadie puede discutir la necesidad de una solución, pero dudó de que esta funcione. “Permítame dudar”, dijo, aludiendo a la experiencia histórica de proyectos similares en la región. Sostuvo que el Consejo tendrá que aportar cerca de $1.000 millones al año, que las zanjas costarían más que el propio centro y que no hay claridad sobre quién lo operará, ni compromisos de empresas, ni certeza sobre la propiedad del terreno.

Pidió ver en la mesa del Consejo la reposición de la Escuela Bernardo O’Higgins, que calificó de indispensable. “Esperamos que haya habitantes en Porvenir cuando se inaugure esto”, señaló.

Entre quienes respaldaron la iniciativa, la consejera Ximena Montaña destacó que el proyecto garantiza recursos para responder a las propias necesidades de la provincia y que no puede compararse con seguir postergando soluciones. Citó el vertedero de Puerto Natales, con incendios recurrentes, y subrayó que el centro cuenta con RCA y que está en juego la salud de las personas. “Estamos contra el tiempo”, dijo. Arturo Díaz, por su parte, criticó que siempre aparezca otra prioridad, desde la derecha, para postergar este tipo de proyectos

¿Cómo será?

El Centro de Gestión de Residuos Sólidos de Tierra del Fuego atenderá a las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel. Contempla recepción, manejo, tratamiento, valorización y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, además de residuos industriales asimilables a domiciliarios. Según las proyecciones, hacia 2050 podría gestionar cerca de 21.400 toneladas anuales.

Las obras se emplazarán en un predio rural de 150 hectáreas, de propiedad del Gobierno Regional, de las cuales solo se utilizarán 45. Tendrá una vida útil estimada de 25 años y un único camino de acceso que conectará la Ruta Y-71 con el área de control.

La iniciativa tiene una duración proyectada de 47 meses y una población beneficiaria directa estimada en 9.827 personas.