Presupuesto 2027: lo que Chile necesita es acuerdo

Por Ángel Roa, Seremi de Gobierno de Magallanes
y de la Antártica Chilena

Estos días el Congreso discute el Presupuesto 2027, es decir, cómo se usará el dinero de todos los chilenos. Sé que no todos ven esta discusión de la misma forma, pero hay parlamentarios de oposición dispuestos a dialogar y buscar acuerdos. Con ellos buscamos lo mismo: que esos recursos le cambien la vida a las personas. Podemos diferir en cómo lograrlo, y eso es parte de la democracia. Nuestra posición es clara: como los recursos son limitados, hay que priorizar lo que da resultados.

Cerca del 60% del gasto público está en Salud, Educación y Trabajo: el GES, la gratuidad, la

Pensión Garantizada Universal. Son recursos que ayudan directamente a las familias y no los vamos a tocar. El problema es la deuda, que pasó del 11,9% del PIB en 2012 al 41,5% en 2025. Por ese endeudamiento acumulado, hoy cerca del 5,5% del presupuesto se va solo en intereses, lo que equivale a cerca del 70% de lo que cuesta la Pensión Garantizada Universal. Y la Dirección de Presupuestos proyecta que en 2027 ese pago subirá 7,5%. Es dinero que no llega a ninguna familia.

Por eso cualquier prioridad nueva tiene que financiarse reasignando, y para reasignar bien están las evaluaciones. La Dirección de Presupuestos sigue cada año los programas del Estado. En 2025 revisó 677 y en 251, más de un tercio, encontró problemas de eficacia.

Además, revisa a fondo algunos que llevan años funcionando: si están bien diseñados, si gastan bien y si logran lo que prometieron. Este año fueron siete, que sumaban $146.564 millones. Cuatro obtuvieron desempeño bajo, tres mal desempeño, y en ninguno fue posible medir resultados. Gastaban los recursos, pero no podían demostrar que le cambiaran la vida a alguien. Es como un taller que dicta clases todo el año sin revisar nunca si los alumnos aprendieron. Ejecutar el presupuesto no es lo mismo que usarlo bien.

La niñez muestra cómo se puede reasignar con evidencia. En julio de 2026 había 5.103 niños, niñas y adolescentes en residencias del Servicio de Protección Especializada, 633 de ellos de entre 0 y 3 años. A esa edad un niño necesita un adulto estable que lo cuide todos los días. Con esa persona forma el vínculo que después le permite aprender, confiar y relacionarse con otros. Una residencia, por buena que sea, funciona con turnos y cuidadores que cambian. Una familia de acogida le da alguien fijo.

La evidencia lo confirma. Un estudio que siguió por casi veinte años a niños institucionalizados en Rumania mostró que, a los 12 años, el 56% de los que pasaron a una familia de acogida tenía un desarrollo adecuado, frente al 23% de los que siguieron en la institución. Si llegaban a una familia antes de los 20 meses, la cifra subía a 79%.

Los costos también pesan. Según las licitaciones del Servicio, un niño de 4 a 8 años en una residencia terapéutica cuesta entre $1,5 y $2 millones al mes. En una Familia de Acogida Especializada cuesta cerca de $513 mil, incluido el equipo de profesionales que apoya a la familia. Con lo que cuesta un niño en residencia se pueden acompañar tres o cuatro niños en familias. La familia misma recibe hoy cerca de $140 mil al mes, y ese aporte subirá a unos $240 mil. Los casos en residencias terapéuticas suelen ser más complejos, pero la diferencia sigue siendo grande.

Por eso el programa de Cuidado Alternativo atenderá en 2027 a 17.816 niños, más que los 14.139 de este año, con menos recursos. Es el sentido del Plan Crecer en Familia: que más niños crezcan en una familia, partiendo por los menores de cuatro años. A la vez, el gasto total en niñez sube 4,1%, hasta $2,49 billones, y las Intervenciones Ambulatorias de Reparación crecen 19,3% para reducir una lista de espera de 13.387 casos.

Revisar programas tampoco significa borrar lo que hizo el gobierno anterior. El Plan Buen Vivir nació en 2022, en el gobierno del Presidente Boric, para llevar caminos y agua potable a comunidades rurales de la Macrozona Sur. Nuestro gobierno decidió mantenerlo en 2027.

Si un programa sirve, se queda, sin importar quién lo creó.

Y no basta con asignar recursos: tienen que llegar. En Punta Arenas, el Parque Solar Comunitario del Ministerio de Energía iba a bajar cerca de un 40% la cuenta de luz de familias vulnerables. En febrero el proyecto se cayó: la licitación tuvo un solo oferente admisible, no se alcanzó a firmar el contrato y se perdió el financiamiento. No busco culpables. El caso muestra que un presupuesto que no se ejecuta tampoco le cambia la vida a nadie.

Para esta discusión pido una cosa. El problema empieza cuando vemos al otro como un enemigo y olvidamos que buscamos lo mismo. Ahí, defender un programa se vuelve una cuestión de bando y no de resultados. Cuando se mantiene un programa que solo cumple en el papel y no le cambia la vida a nadie, no gana ningún bando: perdemos todos los chilenos.

En casos específicos tendremos visiones distintas, entre el Ejecutivo y los parlamentarios o dentro de cada sector, y esa conversación hay que darla con las evaluaciones técnicas a la vista. Pero no permitamos que un árbol nos impida ver el bosque completo. El criterio debe ser el mismo para todos: que cada peso llegue donde más se necesita.