Defensa de suspendida directora de la Escuela Juan Williams asegura que ella cumplió con ofrecer disculpas públicas

La suspensión de la docente Graciela Illanes Zúñiga de sus funciones como directora de la Escuela Juan Williams abrió un nuevo flanco de cuestionamientos hacia el proceso que dio origen al sumario administrativo. La educadora y su defensa cuestionaron la forma en que se desarrollaron las actuaciones previas, asegurando que no fue informada oportunamente de la causa judicial, que no tuvo posibilidad de presentar antecedentes y que las decisiones que adoptaba respecto de situaciones internas del establecimiento respondían a instrucciones del Servicio Local de Educación Pública (Slep).

“La suspensión dispuesta por la fiscal del sumario es una medida preventiva, no una sanción. No contiene pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad de nuestra representada, a quien la ley y la propia resolución reconocen la presunción de inocencia”, apuntó el abogado Fabián Barrios.

En su versión de los hechos, admite que el origen del procedimiento estaría relacionado con una denuncia presentada por un funcionario contra otra trabajadora del establecimiento, por una situación de maltrato. Sin embargo, aseguró que su responsabilidad habría sido cuestionada por una supuesta pasividad frente a ese conflicto. “A mí, la Corte de Apelaciones, dentro de la resolución que me informaron hace menos de tres semanas, cuando ya estaba todo determinado y todo resuelto, dice que a mí me acusan por pasividad, por no haber hecho nada entre ese funcionario y la funcionaria. Y que por eso me harán un sumario”, relató la afectada.

Uno de los principales cuestionamientos de la directora apunta a que, según sostuvo, nunca fue informada del proceso judicial ni requerida para entregar antecedentes sobre los hechos. “Es súper importante que quede claro que yo no tuve conocimiento del proceso judicial que se llevó adelante. Y, hubo incluso un periodo de apelación que me enteré hace como tres semanas, vuelvo a repetir, pude haber apelado como directora porque había salido una sentencia y, si yo no estaba de acuerdo, el tribunal había dado un tiempo para apelar. Tampoco me lo informaron”, subrayó.

Illanes planteó que la sentencia del tribunal laboral fue dictada el 14 de febrero de 2026, pero recién en octubre recibió información sobre su existencia.

“Graciela Illanes no fue parte del juicio laboral que originó este procedimiento, ni fue citada a declarar en él. Asimismo, cumplió dentro de plazo lo que se le requirió en relación con lo resuelto en esa causa, esto es entregar las disculpas publicas solicitadas, se le envió al Slep dentro de los plazos legales requeridos. Si por algun motivo, que desconocemos, quienes recepcionaron las disculpas no las publicaron, es materia del sumario que está en curso y ahí es donde deberán establecerse las responsabilidades respectivas, pero claramente aquí existen responsables que tendrán que dar la cara en su minuto”.

Asimismo, admite ser integrante del Colegio de Profesores, por lo mismo le llama la atención las declaraciones que salieron a la luz sobre todo de la presidenta del gremio, cuando “las disculpas fueron enviadas con copia a ella, algo que no puede desconocer”.

La directora relató que la comunicación se realizó directamente en el establecimiento y cuestionó que la persona enviada por el Slep no tuviera, según su versión, las condiciones para efectuar una notificación de esa naturaleza. Incluso aseguró que dejó constancia escrita de lo ocurrido.

“Hemos interpuesto los recursos administrativos que la ley contempla. A nuestro juicio, la resolución no identifica ningún riesgo concreto para la investigación que justifique separar a la directora de su cargo, y existen alternativas menos gravosas que no fueron consideradas”, planteó su abogado defensor, quien agregó que “nuestra representada colaborará plenamente con el sumario, que será en la primera instancia en que podrá exponer su versión de los hechos”,.