Contraloría instruyó sumario al Serviu por deficiencias en garantías y postventa de viviendas sociales

La Contraloría Regional instruyó al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) iniciar un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas por una serie de deficiencias detectadas en la supervisión de las garantías de viviendas sociales y el seguimiento de los reclamos presentados por los beneficiarios. Esto fue uno de los mandatos ordenados por el ente fiscalizador en su informe final de la auditoría al servicio, emitido el pasado 25 de septiembre.

Esta revisión se instruyó tras recepcionarse dos presentaciones realizadas por la comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados, relacionadas con los problemas que se habrían suscitado en la Región de Magallanes respecto de las viviendas sociales entregadas, mencionando, en específico, defectos estructurales y solicitando conocer las medidas adoptadas por la referida institución para subsanar tales deficiencias.

La revisión comprendió los 21 proyectos habitacionales entregados por el Serviu Magallanes que mantenían vigente su período de postventa entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

El informe constató boletas de garantía por montos inferiores a los exigidos, períodos sin cobertura y la ausencia de un sistema que permita registrar y monitorear integralmente las solicitudes de postventa de las familias. Esta fiscalización puso su foco de atención en las viviendas construidas a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

El Serviu tuvo 15 días para informar a Contraloría del inicio del sumario administrativo, cuyo resultado también deberá ser remitido al ente fiscalizador.

Según el ente contralor, el director subrogante del Serviu, Homero Villegas, recibió un preinforme con las observaciones detectadas el pasado 21 de agosto. El 1 de septiembre solicitó una prórroga de 10 días hábiles para responder, de los cuales se le concedieron cinco. Sin embargo, el servicio remitió su contestación al preinforme el 14 de septiembre, fuera de plazo, por lo que sus respuestas no fueron consideradas por Contraloría y se mantuvieron todas las observaciones generales.

Desde el Serviu confirmaron, a través de una declaración, que están llevando adelante un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos observados. Asimismo, señalaron que se encuentran elaborando los informes requeridos para responder a las observaciones formuladas, dentro de los plazos establecidos por el ente contralor. “No es posible realizar declaraciones relacionadas”, añadieron desde el servicio.

El sumario

El ente contralor instruyó este procedimiento tras detectar que, en los proyectos habitacionales Brisas del Estrecho I y II, construidos por Salfa, y en tres de las etapas del loteo Valle Los Sauces, levantado por Ebco, las garantías destinadas a cautelar la buena ejecución de las obras y su buen comportamiento fueron constituidas por montos inferiores a los exigidos en las cláusulas contractuales, que establecen que deben corresponder al 2,5% del valor total del contrato. Se encontraron diferencias de hasta 962 UF.

También se halló que el proyecto Soberanía en el Fin del Mundo, en Puerto Williams, estuvo 237 días sin contar con la cobertura de la boleta de garantía. Además, se detectó que el Serviu no se preocupó de mantener vigente la garantía del proyecto Edificios Tierra Austral I, pese a que todavía existían reclamos de los beneficiarios sin resolver. El documento, emitido por BancoEstado por un monto de 4.734,32 UF, vencía originalmente el 1 de julio de 2024, pero su vigencia fue extendida hasta el 16 de agosto de ese año. Sin embargo, el servicio no adoptó las medidas necesarias para asegurar que esta garantía continuara vigente mientras existieran problemas pendientes de solución en las viviendas.

Postventa

Estos no fueron los únicos hallazgos, ya que se constató que el Serviu no cuenta con un mecanismo que le permita consolidar y contrastar los reclamos recibidos directamente con aquellos reportados por la entidad patrocinante.

El servicio de postventa corresponde a un período mínimo de 120 días corridos, contados desde la entrega material de la vivienda a las familias beneficiadas, durante el cual el contratista debe resolver oportunamente todas las observaciones generadas por deficiencias en la construcción que, a juicio del Serviu, le sean atribuibles.

La fiscalización detectó que el Serviu no mantiene un seguimiento formal de los reclamos una vez cumplido el período mínimo de 120 días de postventa, pese a que las garantías por el buen comportamiento de las obras continúan vigentes.

“Se advirtió que el servicio no cuenta con un mecanismo de control o registro consolidado que le permita sistematizar y monitorear el estado de los reclamos formulados por los beneficiarios durante el proceso de postventa”, cuestionó el informe.

En la auditoría se explica que los antecedentes de postventa se reciben mensualmente en documentos PDF, sin que exista un sistema institucional que permita ordenar, consolidar y monitorear la información.

A ello se suma que el mecanismo de declaración jurada, utilizado para acreditar que las entidades patrocinantes informaron la totalidad de los reclamos al término del proceso, no se encuentra formalmente establecido y tampoco se habría aplicado de manera uniforme en todos los proyectos.

Para esto último, la Contraloría requirió implementar un mecanismo de seguimiento y control que permita disponer de un registro consolidado de los reclamos presentados por los beneficiarios.

Otra de las observaciones apunta a la falta de visitas periódicas a terreno durante la postventa. Según los antecedentes recopilados por el organismo contralor, las inspecciones se realizan principalmente cuando aparecen problemas de mayor gravedad o complejidad.

En cuanto a la atención de los beneficiarios, Contraloría constató casos en que el Serviu tomó conocimiento de los problemas únicamente después de que las propias familias presentaran reclamos en la Oficina de Partes, luego de haber solicitado previamente soluciones a las respectivas entidades patrocinantes.

Reparado por sus propios dueños

También se detectaron situaciones en que algunos reclamos fueron registrados como cerrados pese a que las reparaciones habrían sido realizadas por los propios propietarios, sin que se acreditara la intervención de las empresas constructoras ni que el Serviu hubiese verificado previamente la solución de las deficiencias. Esto fue observado en los proyectos Loteo Costanera II y Loteo Costanera III, de Puerto Natales.