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De cocaína, marihuana y ketamina

Juez rechazó arresto nocturno para dos sujetos colombianos formalizados por microtráfico

Domingo 15 de Noviembre del 2026

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– El juez Ignacio Low Miranda acogió el argumento de la defensa de que uno de ellos, según los propios antecedentes policiales, participó sólo como comprador. Ambos quedaron con arraigo nacional y firma mensual

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas rechazó el sábado el arresto domiciliario nocturno que pedía la Fiscalía para dos hombres formalizados por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Ambos quedaron con arraigo nacional y firma mensual. En la misma audiencia, el juez Ignacio Low Miranda acogió el argumento de la defensa de que uno de ellos, según los propios antecedentes policiales, participó sólo como comprador.

Los imputados, Rafael Quintero Mellizo y Jorge Gamboa Anchico, de nacionalidad colombiana, fueron detenidos el viernes. Según la fiscal Wendoline Acuña, cerca del mediodía una patrulla de Carabineros vio a los conductores de un Hyundai Accent azul y un Suzuki Swift celeste intercambiar algo entre ambos vehículos, en una intersección vial de la villa Alfredo Lorca. De acuerdo con la formalización, Quintero entregó bolsas con droga a Gamboa y este le pasó dinero.

En el asiento del copiloto del Hyundai había bolsas con marihuana, y del auto salía un fuerte olor a la sustancia. Gamboa mantenía dos bolsas en su mano derecha. Ninguno portaba documentos de identidad, por lo que fueron trasladados a la Primera Comisaría, donde personal del OS7 hizo las pruebas de campo. La detención se concretó a las 17,20 horas.

Según la Fiscalía, a Quintero se le incautaron 2,1 gramos de cocaína, 3,6 gramos de marihuana, ketamina y más de 236 mil pesos en efectivo. A Gamboa, 5,1 gramos de cocaína, 1,2 gramos de marihuana y 142 mil pesos. También se incautaron cuatro teléfonos y el Suzuki. La fiscal los formalizó como autores de microtráfico consumado, delito del artículo 4 de la Ley 20.000.

“¿Cinco gramos
de cocaína?”

La defensa privada de Gamboa, representada por Juan Carlos Rebolledo, cuestionó esa calificación. Según la propia versión de Carabineros, sostuvo, su representado compró y pagó, y la cantidad es compatible con consumo personal. “¿Un gramo de marihuana? ¿Cinco gramos de cocaína? ¿Eso es suficiente como cantidad para descartar la posibilidad de consumo personal y próximo en el tiempo? Claramente no”, planteó Rebolledo.

Agregó que no tendría sentido económico que un microtraficante le comprara a otro para revender, que Gamboa se declara consumidor habitual y que no registra antecedentes penales. Propuso encuadrar el hecho en el artículo 50 de la misma ley, que sanciona con penas menores el consumo o porte para consumo en la vía pública.

El defensor también advirtió que la transacción ocurrió a mediodía, por lo que un arresto nocturno no habría servido para evitarla.

Comprador, no vendedor

Al resolver, el juez Low señaló que los antecedentes muestran que Gamboa participó en la transacción “como comprador”. La droga estaba en su mano, en su vehículo no se encontraron sustancias ni elementos para dosificar, su acompañante no portaba nada y la cantidad no permite descartar el consumo personal. Por eso, estimó que los antecedentes no bastaban para sostener, respecto de él, la calificación de microtráfico. Aun así, la Fiscalía mantuvo la formalización para ambos.

Respecto de Quintero, la defensa no cuestionó los presupuestos del delito. El juez consideró, de todos modos, que ninguno de los dos tiene antecedentes y que las cantidades son mínimas, por lo que la privación de libertad no era proporcional. También descartó la supuesta falta de arraigo familiar: “Dicha falta de arraigo no puede desprenderse únicamente de la calidad de extranjeros que mantienen los imputados”, dijo, y recordó que la defensa acreditó vínculos familiares en la región.

Ambos deberán firmar el último viernes de cada mes en la Primera Comisaría de Carabineros, a partir del 27 de noviembre, y no podrán salir del país. La investigación tendrá un plazo de 90 días.

La audiencia dejó además un problema práctico. La droga incautada debe ser entregada al Servicio de Salud dentro de un plazo legal, pero cuando terminó el procedimiento del viernes la oficina ya había cerrado, y no atiende los fines de semana. El tribunal amplió el plazo hasta el lunes 16 de noviembre.

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