Contraloría determina que empresas de turismo antártico exentas de Iva podrán cobrar bonificación de Ley Navarino
La Contraloría General de la República cambió su criterio sobre la bonificación del 20% que entrega la Ley Navarino y resolvió que las empresas exentas de Iva, como las de turismo antártico, sí pueden recibirla. En el mismo pronunciamiento fijó que, en adelante, los servicios bonificados deberán prestarse desde la zona que cubre la ley, que no incluye Punta Arenas, aunque mantuvo el beneficio a una agencia cuyos servicios parten desde la capital regional.
Se trata del dictamen D438, del 23 de octubre, firmado por el contralor (s) Víctor Hugo Merino, que reconsidera parcialmente el dictamen D25, emitido este año. Lo pidieron tres empresas: Turismo Antárctica XXI S.A., representada entre otros por el excontralor general Ramiro Mendoza; la Agencia de Viajes Dap Antártica Limitada, y Transportes Errante SpA.
La Ley 18.392, conocida como Ley Navarino, rige desde 1985 y hasta 2035 en las comunas de Cabo de Hornos, Timaukel, Porvenir y Primavera y en la costa sur del estrecho de Magallanes. Las empresas industriales, mineras, pesqueras, de transporte y de turismo instaladas físicamente en esa zona reciben una bonificación del 20% del valor de sus ventas o servicios al resto del país, que paga la Tesorería. Además, los servicios de turismo en el territorio antártico están exentos de Iva.
En el dictamen D25, a consulta de la Tesorería Regional de Magallanes, la Contraloría había concluido que no correspondía pagar la bonificación por transacciones exentas de Iva.
Tras revisar la historia de la ley, el organismo cambió esa interpretación. Sostuvo que la exención de Iva beneficia al cliente que compra el servicio y no a la empresa, y que negarles la bonificación dejaría a las empresas exentas en desventaja frente a las que sí pagan el impuesto. Así, la mención al Iva en la ley “debe entenderse realizada en el contexto de determinar la base de cálculo conforme a la cual se otorga el beneficio y no como una exclusión para optar a aquel”.
El dictamen también acotó las atribuciones de la Tesorería. Como el beneficio se otorga mediante una resolución del Gobierno Regional que luego se convierte en un contrato con el Estado, firmado por el propio tesorero, la Contraloría concluyó que, una vez concedido, la Tesorería sólo debe verificar que la empresa cumpla el proyecto de instalación aprobado: la inversión, la actividad, la ubicación, el empleo comprometido y los procesos productivos.
Sobre el lugar donde se prestan los servicios, la Contraloría recordó que, según la historia de la ley, las franquicias son para las empresas que tengan allí su administración principal, “sin gozar de ellas quienes prestan servicios desde fuera”. Por eso, concluyó que el servicio debe prestarse desde la zona beneficiada.
Sin embargo, constató que en el caso de Dap Antártica, aunque la autorización contemplaba su instalación dentro de esa zona, el inicio del servicio se informó desde Punta Arenas. Aun así, resolvió que no corresponde revocar su beneficio, porque existe un contrato con el Estado y “un error u omisión de la Administración no puede perjudicar a quienes han actuado de buena fe”.
En lo sucesivo, advirtió, los organismos que autorizan a estas empresas deberán asegurarse de que estén instaladas físicamente en la zona y de que presten sus servicios desde ella.




