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Más de $13 mil millones han retenidos los tribunales por deudas de pensión de alimentos en Magallanes

Jueves 19 de Noviembre del 2026

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Acuatro años de la entrada en vigencia de la Ley N°21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, los Juzgados de Familia de Magallanes han ordenado la retención de más de 13 mil millones de pesos a deudores de pensiones alimenticias.

Las retenciones que han decretado los juzgados de Familia de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos se dividen en cobros de procedimiento especial y extraordinario.

En el caso del procedimiento especial, que retiene los fondos que los deudores tienen en cuentas bancarias o instrumentos financieros, los tribunales de la jurisdicción han ordenado el pago por $1.059.265.189. En tanto, en el procedimiento extraordinario, que es el pago con cargo a los fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias en AFP, los juzgados magallánicos han decretado pagos por $12.019.771.344.

De acuerdo con las estadísticas consolidadas, entre el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los cuatro tribunales con competencia en materia de Familia de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas han efectuado un total de 9.588 inscripciones en el registro de deudores, de las cuales 3.287 se encuentran vigentes y 6.301 ya han sido canceladas.

A nivel nacional el Poder Judicial dio a conocer los montos ejecutados y desglosados por jurisdicción, incluyendo los de la Región de Magallanes. En los cuatro años en el país se ha ordenado pagar 3,8 billones de pesos.

Por eso la vocería llegó por parte de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien resaltó que “el pago oportuno de las pensiones de alimentos es trascendental para que las personas puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales desde su infancia, pues así tendremos una sociedad conformada por personas sanas y equilibradas.  Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente, pues se deben adoptar todas las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de todas las personas y en especial, de los niños, niñas y adolescentes”.

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