A la cárcel envían a sujeto detenido con cerca de $20 millones en droga ilícita

Se señaló que el nerviosismo lo delató, reconociendo que portaba Extasis, Ketamina y otro tipo de fármaco.

Con alrededor de $20 millones en drogas ilícitas fue detenido un hombre que ingresaba a Magallanes por el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo.

Lo anterior respondió a un procedimiento efectuado por personal de Aduanas con apoyo de un can detector, los que pudieron determinar el porte del ilícito debido al nerviosismo del pasajero cuando se aprestaba a abandonar el recinto, luego de su viaje en un vuelo comercial procedente del norte del país.

Esta persona fue identificada como Pablo Luengo Muñoz, de 35 años, con domicilio en Punta Arenas, quien tras ser detenido y formalizado, fue ingresado a la cárcel de Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes, el hecho se registró este jueves, cuando Luengo ingresaba a Magallanes y fue requerido por personal de Aduanas debido a su evidente nerviosismo. Esto llevó rápidamente a que confesara que al interior de su chaqueta, que mantenía una costura irregular, portaba diversos fármacos de los cuales no podía explicar el origen ni los fines. Además, señaló que también mantenía otro número indeterminado en la ropa interior que vestía.

El director regional del Servicio Nacional de Aduanas, Rodolfo Valenzuela, destacó la capacidad de sus funcionarios para detectar la actitud sospechosa del pasajero y la inmediata aplicación de los protocolos ante este tipo de situaciones. Junto con lo anterior, detalló que la droga corresponde a 350 gramos de Ketamina, un anestésico de efecto rápido que se utiliza en humanos y animales como tranquilizante, el que a dosis altas causa intoxicación y alucinaciones similares al LSD. También le fueron incautadas 44 pastillas de Extasis y otras dos unidades de fármacos. Se señaló que sólo lo primero está avaluado en el mercado ilegal en una suma que bordea los $17 millones.

En la audiencia de ayer en el Juzgado de Garantía, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía de decretar la prisión, fijándose un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación caratulada como tráfico de estupefacientes.