Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos
– El abandono deliberado de miles de niños, niñas y adolescentes es un problema grave y el Estado no ha sido capaz de responder adecuadamente… Según el gobierno, este registro se constituirá en una herramienta que terminará con la impunidad en el pago de las pensiones de alimentos…
El Presidente de la República promulgó ayer la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el cual comenzará a regir dentro de un año. Esta modificación a la Ley Nº14.908 persigue promover un cambio cultural en materia de corresponsabilidad parental.
El registro será 100% en línea y será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
La norma había sido aprobada por el Senado en la última semana de septiembre y, luego, la Cámara de Diputados hizo lo propio durante los primeros días de octubre.
La iniciativa se inició por un mensaje presidencial y se fundamenta en que el derecho-deber alimentario constituye un derecho humano, que al Estado le corresponde respetar, promover y darle efectividad a favor de los niños, niñas y adolescente.
Según el gobierno, este registro se constituirá en una herramienta que terminará con la impunidad en el pago de las pensiones de alimentos, al generar graves restricciones patrimoniales y de acceso a diversas prestaciones a todos quienes tengan deudas de alimentos.
La evidencia indica que las sanciones de arresto no han sido efectivas para el objetivo final que es disuadir a los deudores a pagar las pensiones de alimento.
Según la encuesta Cadem de noviembre del año pasado, el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y, de ellas, el 65% no recibe apoyo económico alguno de pensión.
El abandono deliberado de miles de niños, niñas y adolescentes es un problema grave y el Estado no ha sido capaz de responder adecuadamente.
Es importante el paso dado para garantizar este derecho-deber. Pero, esta medida debe ser el primero de una serie que promueva más eficazmente la corresponsabilidad parental, para que los padres tengan los mismos deberes, responsabilidades, derechos y oportunidades en el ámbito familiar, sobre todo respecto del resguardo de los intereses superiores de los hijos.
