Histórico fallo del Juzgado de Familia

El martes nuestro país y la región, en particular, dieron nuevos pasos hacia la equidad de derechos y la protección de los mismos, cumpliendo así lo que se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Dicha declaración, en sus artículos 1 y 2, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Mientras en el Congreso se despachaba la ley de matrimonio igualitario, la sede de la gobernación regional izaba la bandera arcoíris correspondiente a la comunidad LGBTIQA+ desde 1978.

Al mismo tiempo, se conocía un histórico fallo del Juzgado de Familia de Punta Arenas que reconoció a dos mujeres el derecho de ser ambas las madres de un niño.

En un comunicado público, las mujeres compartieron parte del proceso de maternidad y señalaron que su hijo estaba siendo discriminado y viendo sus derechos vulnerados por el Estado de su propio país.

Tanto lo sucedido en el Congreso como el referido fallo del Tribunal de Familia de Punta Arenas implican un avance hacia una sociedad más protectora de derechos, abierta a la diversidad e inclusiva.

La Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 16, consagra que hombres y mujeres tienen el derecho, sin restricción alguna, a casarse y fundar una familia. Lo aprobado en el Congreso va en tal sentido e implicará modificar nuestra Constitución que sólo reconocía el matrimonio de parejas heterosexuales.

El fallo del tribunal punta-renense también implica reconocer que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho a ser protegida.