Congreso de Perú aprueba debatir la segunda moción de destitución contra Castillo

• 20 puntos contiene la petición, que van desde las designaciones de por lo menos 10 ministros y la intención de convocar a referéndum para otorgar una salida al mar a Bolivia.

El Congreso de Perú aprobó este lunes admitir a debate la moción de destitución contra el Presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, por “permanente incapacidad moral” para ocupar el cargo.

En una sesión plenaria convocada ayer, un total de 76 legisladores votaron a favor, 41 votaron en contra y hubo una abstención.

El debate de esta moción se realizará el 28 de marzo, precisó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Sin embargo, el legislador Jorge Montoya, de la ultraderechista Renovación Popular, planteó que el debate se adelantará al 18 de marzo, lo que generó el rechazo de la bancada oficialista de Perú Libre y una suspensión del pleno para tomar una decisión final sobre la fecha en la Junta de Portavoces.

Montoya es uno de los promotores de la moción de destitución junto con congresistas de la fujimorista Fuerza Popular y los conservadores Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú y Alianza para el Progreso.

Se trata de una segunda moción de destitución presentada contra Castillo, dado que la primera no alcanzó los votos necesarios para su debate a fines del año pasado.

Una eventual destitución de Castillo, en el poder desde el 28 de julio pasado, requerirá del voto favorable de 87 de los integrantes del Legislativo, una circunstancia que ya se produjo en 2020 con el entonces Mandatario, Martín Vizcarra (2018-2020).

La actual petición comprende 20 puntos, que van desde las “cuestionables” designaciones de por lo menos 10 ministros de Estado, la supuesta existencia de un gabinete en la sombra y las declaraciones del Mandatario en una entrevista con la cadena internacional CNN respecto de su intención de convocar a referéndum para otorgar una salida al mar a Bolivia.

La moción también menciona un presunto tráfico de influencias en licitaciones y ascensos policiales y militares, así como las denuncias de una empresaria que ha vinculado a Castillo con una presunta red de corrupción.