¿Derecho a la vivienda garantizado?

Emilio Boccazzi Campos
Arquitecto

Durante el inicio de la semana que se fue, la Convención Constitucional, acaba de resolver por importante mayoría (133 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones) el “derecho a la vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”. Un tremendo avance, respecto de la inexistente alusión en la actual Constitución (la del 80) del concepto de la Vivienda, la habitabilidad y la Vida Comunitaria.

Sin perjuicio de esta declaratoria de país, respecto del tema de la vivienda en lo que se ha denominado “la Casa de Tod@s”, nos enfrentamos a un déficit de viviendas, que se estima alrededor de las 700.000 unidades, que incluyen a los innúmeros allegados, sin casa o que viven en deplorables condiciones. Dicho déficit se ha incrementado notablemente en esta última década, donde pareciera que las prioridades fiscales y nacionales, no estuvieron puestas en lo que a mi modesto juicio, debiera ser una de las primeras tareas que debe ocupar a un gobierno. Por cierto el actual gobierno lleva sólo semanas al mando del país, pero la responsabilidad mayor cabe al Estado como tal, que no ha diseñado políticas macizas y robustas y planes efectivos que disminuyan crecientemente este inmoral déficit.

En primer lugar, desde el año 2003 (con Jaime Ravinet como ministro de Vivienda), el manejo de la demanda habitacional se ha dejado descansar (sino fue traspasado) a entidades de Gestión Inmobiliaria, Comités de Vivienda y luego municipios). En dicho momento se relegó al Serviu , como entidad gubernamental con histórica experiencia como heredera de las antiguas Corvi y Corhabit de brillante presencia, a un rol secundario. El Serviu dejó de manejar directamente la demanda, lo que entregaba un proceso claro y transparente.

Comenzaron en dicho momento en forma creciente las frustraciones, las esperas, los grupos cerrados, los cobros o macheteos, las estafas de dirigent@s inescrupulosos que dejaron la “raya” con los recursos aportados por los futuros beneficiarios. Quienes tuvieron “llegada” con alguien, tuvieron mejor o peor suerte.

Lo concreto, es que el derecho de la vivienda consagrado en la futura Constitución es un logro importante, trascendental, pero si no se ejercen las acciones y se sigue repitiendo la misma fracasada fórmula aplicada en los últimos 18 ó 19 años, tengo el temor y casi la convicción que será “letra muerta”. Creo en mi condición de arquitecto, que la vivienda, es fundamental para el desarrollo del ser humano y su grupo vital. La seguridad, el confort, la higiene, la vida íntima, la mancomunión familiar se puede y debe desarrollar en una vivienda digna.

¿Cómo entonces avanzamos decididamente en superar definitivamente este inmoral déficit? ¿Cuánto cuesta o costaría al país este déficit? Sin lugar a dudas, volviendo a transparentar el manejo de la demanda. Sacar del clientelismo político a los necesitados de vivienda. Volver a concentrar en direcciones de Vivienda (nuevos servius con mayor componente, decisión y aporte de recursos regionales). Manejo único de la demanda en el Ministerio de la Vivienda, con fuerte vínculo con los gobiernos regionales. Por otro lado, el establecimiento de modalidades de autoconstrucción asistida, establecer corporaciones o sociedades constructoras de viviendas (como las antiguas y prestigiosas Sociedades Constructoras de Establecimientos Educacionales u Hospitalarios) y adquiriendo y resguardando amplias superficies de terrenos para frenar la escandalosa especulación.

Y en lo general, una vez asumido este derecho consagrado en la Constitución (para lo que no se debe esperar a tener aprobada la Constitución) para ponerse a trabajar, sugiero generar esto, como una campaña nacional contra los campamentos y contra la vida indigna. Para esto se requiere moderar un poco el discurso beligerante y que solo causa división. Ponerse a trabajar. El gobierno nacional, los gobiernos regionales, los municipios, la Cámara Chilena de la Construcción, los organismos empresariales, los colegios profesionales de las especialidades respectivas, las ONG, las Iglesias. Si hubiera una mano mágica que ofreciera “adquirir” o “mandatar” la construcción de las 700 mil viviendas en Chile para superar este déficit, que en cálculo de quien suscribe, rondaría del orden de los 45.000 a 50.000 millones de dólares. Más o menos equivalente a la sumatoria de los 3 retiros de los fondos previsionales. O equivalente a casi dos tercios del presupuesto anual de la Nación.

Y en momentos en que mucho se habla de los fondos previsionales de todos los chilenos, que se expropiarán, que no se expropiarán pero si serán el aporte inicial al “pochón” solidario. Dadas las exiguas o nulas rentabilidades que han tenido los fondos previsionales, que han provocado importante pérdidas para los cotizantes chilenos, ¿no podrían invertirse en parte en esta materia, de manera de entregar rentabilidad positiva?, lo que el propio Estado debiera devolver a este Fondo por el préstamo que estos fondos podrían hacer para esta tarea, que además reactivaría fuertemente la economía chilena, que se encuentra alicaída y que requiere un fortalecimiento. Chile necesita reactivarse con una tarea de “construcción nacional” y la vivienda, hace carambola en múltiples necesidades: Vivienda, trabajo, economía y dignidad.

La belleza de pensar y proponer. Los derechos hay que construirlos.