Financiamiento del Sistema de Areas Protegidas y el aporte del Turismo Sustentable

Cristóbal Benítez
Gerente de Hyst

Como Hyst, analizamos la gestión de las Areas Silvestres Protegidas y su relación con la actividad turística, con el fin de dimensionar de manera objetiva el aporte que realizan los actores privados que operan al interior de nuestros parques.

Uno de los principales datos es que hoy el aporte fiscal a la gestión de Areas Protegidas es significativamente menor al que se percibe por ingresos propios. Los aportes del turismo son la fuente principal de ingresos, representando el 2021 un 65% del presupuesto total y en la proyección para el 2023, pese al impacto de la pandemia en la actividad turística, constituirán más de un 57%.

Sin embargo, en Chile existe una importante brecha para una correcta y eficiente gestión de nuestras áreas protegidas. Según la Fundación Terram, nuestro país se encuentra en los últimos lugares en Latinoamérica de inversión en áreas protegidas, superando sólo a Paraguay y Bolivia, con un monto cercano a 0,6 USD por hectárea, muy lejos del promedio de 1,9 USD, un déficit que se acentúa en el tiempo. 

Este escenario es insostenible e implica revisar el modelo de gestión y financiamiento a través de Conaf, y los cambios y desafíos que implicará la puesta en marcha del Sistema de Biodiversidad y Areas Protegidas.

Es prioritario aumentar significativamente el aporte fiscal a la gestión del Snaspe, hasta alcanzar al menos el promedio latinoamericano, contribuyendo así al menos a resolver las necesidades básicas de gestión, como son los gastos en personal e infraestructura administrativa. 

Esta medida debe complementarse incluyendo nuevos actores para la gestión de los parques como: gobiernos regionales; creación de un marco para consolidar el aporte de ONG internacionales; y por supuesto, fortalecer el desarrollo sustentable de la actividad turística. 

Posiblemente, el escenario óptimo involucre un poco de cada una de las opciones mencionadas, y parte del desafío será buscar el equilibrio entre éstas. En particular, respecto a la tercera idea un caso de éxito a revisar es el del Servicio Nacional de Parques (NPS) de Estados Unidos, que, a través de la administración de cerca de 500 contratos de concesión en 100 parques, genera más de U$1.000 millones anuales a las economías locales, empleando a más de 25.000 personas y brindando servicios que van desde alimentación y alojamiento hasta actividades de turismo aventura.

En Chile, aún existe un margen importante. Si vemos las concesiones estas se concentran en Patagonia en un 67,5%, y de los servicios turísticos que operan al interior de parques nacionales, sólo un 8,2% tiene algún contrato con Conaf. Sólo hacerse cargo de esta situación aumentaría los ingresos de recursos por la vía de renta concesional.

Una relación virtuosa de cooperación público-privada la vemos en nuestro Parque Nacional Torres del Paine, que previo a la pandemia recibía más de 260.000 personas por temporada, aportando a la economía regional cerca del 10% del Pib, significando además que por cada U$1 gastado por turista en el parque, se dejan U$5,5 adicionales a nivel nacional.

Respecto al aporte a la gestión de Conaf, podemos ver datos muy interesantes, la Octava Maravilla contribuye aproximadamente al 40% del presupuesto total del Sistema Nacional de Areas Protegidas, incluyendo entradas y concesiones. Una cifra que además de sorprendente, nos muestra que la actividad turística favorece significativamente la gestión en torno a nuestros parques, aportando directamente a sus objetivos de conservación.

Tenemos mucho espacio para crecer, pero es necesario que la variable turística se incorpore a los organismos a cargo de la administración de los parques, tanto en sus instrumentos de planificación territorial, como en infraestructura, la gestión de la experiencia del visitante, el desarrollo de concesiones y permisos de uso, y la vinculación con las comunidades.