“Hay una protección mucho más fuerte hacia la propiedad que hacia la vida de las personas”

• La secretaria regional ministerial planteó que “si existe la posibilidad
  de imponer algunas limitaciones al otorgamiento de beneficios,
  es una discusión que tienen que dar los parlamentarios”.

Un inicio de año muy movido ha tenido la secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, al hacer frente a la crisis de seguridad que han generado tres homicidios en la región durante enero (dos en Punta Arenas y un tercero en Porvenir).

“Cuando ocurren hechos de connotación pública siempre hay una necesidad de urgencia en torno a estas materias, y siempre hago el llamado a todos los que se involucran, a que los temas penitenciarios, ligados a temas de seguridad para la comunidad, sean de urgencia permanente y no cuando estos hechos ocurren”, estableció en primer lugar. En esa línea, una de las aristas tiene relación con el trabajo penitenciario “y la apuesta que hacemos por la reinserción, pero también el trabajo profesional que se requiere a la hora de elaborar informes de quienes postulan a beneficios que están establecidos en la ley. Ahí siempre hay un trabajo permanente de evaluación, de mejora y reforzar los equipos profesionales”.

Destacó asimismo, que hay un trabajo post-penitenciario para quienes ya se encuentran en libertad, “donde hay necesidad de hacer un trabajo interrelacionado con muchas instituciones y nuevamente con el Estado y el mundo privado también. Por otra parte, está la discusión legislativa y nuestro ministerio, a fines del año pasado, presentó indicaciones al proyecto de ley que busca crear una ley de ejecución de penas; necesitamos una jurisdicción especializada para el proceso de la ejecución penal, es decir, el cumplimiento de una pena, que permita ver el tema de libertades condicionales, rebajas de condena, aunar criterios en estas materias post-penitenciarias y el respeto y garantía a las personas privadas de libertad que ven restringido el derecho a la libertad ambulatoria, pero no a otros, como la salud y educación”.

La indignación pública por el horrendo asesinato de Roberto Verdugo alzó nuevamente las voces de quienes quieren restaurar la pena de muerte, algo que para la seremi de Justicia “es imposible de llevar a cabo de acuerdo a los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado, donde prácticamente es una medida que se ha derogado a nivel internacional, de manera transversal. Ahora, si existe la posibilidad de imponer algunas limitaciones al otorgamiento de beneficios, es una discusión que tienen que dar los parlamentarios, pero con alturas de mira. Siempre es un desafío mejorar el sistema penitenciario y política criminal, pero con todos los elementos sobre la mesa y no tomar decisiones aisladas, que por no verlas de forma estructural, terminan teniendo peores repercusiones o no sirvan para atacar el problema”.

Salud mental

Otro desafío es trabajar en materia de salud mental al interior de las unidades penales y la reducción de la brecha de género, porque “históricamente, la población penal femenina ha tenido menos acceso a programas de reinserción, comisiones de infraestructura y tampoco un sistema diseñado para acoger a la población femenina”.

Muchos temas que para Michelle Peutat son importantes que sean considerados en la discusión por una nueva Constitución, ya que aún el sistema judicial tiende a castigar con más fuerza los delitos contra la propiedad que los crímenes. “Hay una protección mucho más fuerte hacia la propiedad que hacia la vida de las personas, y desde nuestra máxima hoja de navegación que es la Constitución, va a ser muy interesante ver cómo se plantean estos temas, porque desde ahí se construye el sistema legal. Dependiendo de cómo garantizamos los derechos en una Constitución, eso va a determinar cómo luego se legisla”.

Conmemoración del Golpe

Como una muestra del compromiso que tiene este gobierno con los Derechos Humanos, calificó Peutat la presencia de gran parte del gabinete regional en el lanzamiento de las actividades de conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1973. El viernes, se presentaron las bases de postulación nacional a financiamiento de proyectos culturales y Sitios de Memoria, del Fondo de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

En ese acto, Manuel Aguilante reclamó por la falta de reparación hacia las víctimas de la dictadura. Al respecto, la seremi de Justicia indicó que se han formado cuatro mesas de trabajo para dar respuesta intersectorial en materia de reparación a nivel local y presentar iniciativas a nivel central para decisiones que requieran un presupuesto. “Lo que pasa es que hay distintas demandas históricas de las agrupaciones, algunas tienen que ver con temas vinculados a trabajo, incompatibilidad de pensiones, mejora del programa Prais, otras con ayudas sociales, vivienda, beca Valech y por eso, la mesa es intersectorial, porque no requiere un trato único desde justicia y Derechos Humanos, sino que un compromiso como Estado en esta materia, y ahí hay algo que nos cabe como gobierno, pero también hay un compromiso de otros poderes del Estado a que tenemos que ponernos a la altura de las demandas que históricamente han levantado estas
legislaciones”, expuso.