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Coordinadora Feminista Punta Arenas

“Rechazamos tajantemente la idea de legislar para retroceder”

Domingo 13 de Agosto del 2023

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  • Organizaciones sociales y autoridades regionales salieron a defender la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

 

En medio de la controversia que generó la propuesta del Partido Republicano de eliminar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, organizaciones sociales y autoridades regionales salieron a defender esta normativa, que en Magallanes ha beneficiado a mujeres mayores de 20 años, principalmente por la primera y segunda causales.

“En la lucha histórica por la conquista de derechos para las mujeres y diversidades del movimiento feminista, y con respecto a los planteamientos que surgen desde la clase política de extrema derecha en cuanto a retroceder en los avances en derechos sexuales y reproductivos obtenidos en los últimos años en nuestro país, nos vemos en la necesidad de reforzar nuestro enunciado del “Derecho a decidir”, siendo el aborto en tres causales un piso mínimo”, señaló Valentina Silva, vocera de la Coordinadora Feminista Punta Arenas. 

Rechazó tajantemente la idea de legislar para retroceder, en un contexto que ya se torna sumamente doloroso y revictimazante para las personas gestantes, acusando que se encuentran en un sistema de salud ineficiente y lleno de supuestos principios éticos de terceros que vulneran y dificultan el acceso a esta ley.

“Entendiendo que el problema es estructuctural y que muchos frentes de la salud sexual y reproductiva se ven afectados por elementos que no son resorte de una mujer o persona gestante al momento de decidir qué hacer con su cuerpo, es que apoyamos avanzar hacia una cuarta causal que hace referencia a la falla masiva de anticonceptivos proporcionados por la industria farmacéutica en Chile que ha lucrado con la planificación familiar desde sus inicios”, señaló.

Añadió que “se ha atribuido exclusivamente la responsabilidad de la reproducción al cuerpo que gesta y el Estado no cumple con los estándares científicos en los medicamentos que provee. No tenemos por qué ser nosotras quienes nos hagamos cargo. Muy por el contrario, es el Estado quien debe proporcionar una solución en una situación de emergencia que desarticula la vida de una persona enfrentada a múltiples desigualdades y que toma la decisión de no gestar”. 

Insistió en que la maternidad tiene que ser deseada y que el fin último del movimiento es que el aborto sea libre, legal, seguro y gratuito.

Seremi de la Mujer llamó a
no retroceder en derechos

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz, salió al paso de la controversia generada señalando que la meta es avanzar y no retroceder en derechos para las mujeres. 

Agregó que en Magallanes, por ejemplo, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo fue de sólo 8 personas el año pasado, cuatro por la causal de riesgo vital del embarazo, y cuatro por inviabilidad fetal de carácter letal, todas mayores de 20 años. 

“Por eso, el llamado también es a desmitificar la interrupción voluntaria del embarazo, porque los argumentos falaces de que se iba a utilizar como método anticonceptivo están muy lejos de la realidad. Como se puede ver en las cifras locales, dan cuenta de casos dramáticos donde la vida y la salud de las personas gestantes están en riesgo. Porque, ¿quién podría cuestionar que una madre quisiera interrumpir un embarazo, por ejemplo, cuando sabe que el feto es inviable? Pero, además, y es de lo que nos hacemos cargo como gobierno para todas también, el que las mujeres tengamos plena autonomía de nuestros propios cuerpos, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, es parte de los pisos mínimos civilizatorios. Recordemos que fuimos uno de los últimos países en el mundo en despenalizar el aborto y sólo en estas tres causales muy específicas”, comentó.

En el caso de la tercera causal de interrupción voluntaria del embarazo por violación ha tenido a nivel nacional una importancia vital ya que el promedio de quienes acceden a ésta es de 13 años. “No podemos obligar a niñas a ser madres, nuestro deber como Estado es protegerlas y vamos a continuar haciéndolo”, dijo.

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