“No tenemos en la región personas que sean líderes de bandas criminales peligrosas”
Como medida de respuesta ante el clima de inseguridad que enfrenta el Estado, el pasado 14 de febrero se constituyó en Santiago el Gabinete de Seguridad a nivel nacional. Está compuesto por el Presidente de la República, que lo preside, además de la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, el subsecretario de Prevención del Delito, el subsecretario de Defensa, la subsecretaría de Hacienda y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, quien visitó la ciudad de Punta Arenas el viernes pasado, para conformar el gabinete regional en Magallanes.
Según explicó Gajardo, el gabinete “tiene por objeto concretizar las medidas que estamos tomando a nivel nacional, pormenorizar estas medidas también en razón de la realidad regional y levantarnos la información de cómo está funcionando esto a nivel regional, pero además también cuáles son las medidas específicas que se están tomando en la región en razón de las prioridades que tienen y aquellos aspectos que requieren de apoyo desde el nivel central para que tengamos más seguridad aquí en la región”.
A través de este gabinete se buscará avanzar en medidas de índole legislativo, presupuestario, administrativas y de gestión. “Tiene un mandato que va a ser muy claro respecto a cada una de las medidas a nivel nacional pero además también recoger aquellos aspectos que requieren de una pertinencia especial en razón de las prioridades de la región”, indica Gajardo.
Prioridades del
gabinete regional
En la constitución del gabinete regional, que cuenta con participación permanente del general de Carabineros, el prefecto jefe de la PDI, el director regional de Gendarmería y la seremi de Justicia, se abordaron cuatro puntos fundamentales que serán el foco de este gabinete en la región: contrabando, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, violencia intramuros e incivilidades como las carreras clandestinas.
“El contrabando, es decir, tener mayor eficacia y control respecto al contrabando tanto de distintos tipos de sustancias como, por cierto, también de droga. Es uno de los ejes que va a tener el gabinete de seguridad acá y, por ejemplo, ahí la sesión que nosotros vamos a tener a nivel nacional es muy relevante porque precisamente uno de los aspectos que vamos a ver es el lavado de activos, que es uno de los resultantes del contrabando y tráfico”.
Tanto los delitos en contra de menores como los de violencia intrafamiliar tienen relación con los altos índices que se han registrado en la Región de Magallanes. Mientras que el cuarto punto fue incluido por la intranquilidad y conmoción pública que ha generado el problema de las carreras clandestinas. “Tenemos la necesidad de aumentar la fiscalización en ciertos días de la semana principalmente durante la noche y la madrugada para evitar este tipo de delitos o faltas o prácticas que atentan contra el orden público y además la tranquilidad de los vecinos y vecinas de la región”.
Seguridad penitenciaria
A nivel nacional existen 54 mil personas privadas de libertad, de las cuales 500 y fracción son de la Región de Magallanes. Existe un estimado que va entre un 25% y 30% de sobrepoblación, es decir, 25 a 30 sobre la capacidad que tienen las cárceles. En la región, este último porcentaje de sobrepoblación ronda entre el 7% y 10%.
Gajardo explica que “no hemos visto un aumento significativo en la región, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, la gran mayoría de las personas privadas de libertad son de la misma región. El tipo de población penal privada de libertad en la región es de bajo, mediano y muy escaso de alto compromiso del Estado. No tenemos en la región personas que sean líderes de bandas criminales peligrosas, sí tenemos personas que están detenidas por delitos que han generado alta conmoción pública, pero no tenemos la realidad de otras regiones del país en los que tenemos módulos de máxima seguridad”.
Sobre la posibilidad de trasladar reclusos de otras regiones hacia Magallanes, Gajardo fue tajante señalando que no es parte de los planes del Ejecutivo. “Lo que nosotros estamos haciendo es generar un plan de infraestructura penitenciaria que amplíe establecimientos penitenciarios que cree en nuevos establecimientos penitenciarios hemos reaperturado establecimientos penitenciarios pero no tenemos por ahora planes de que vengan reos de otra parte del país a Punta Arenas”.
En esa línea, indicó que buscan ampliar la cárcel de Puerto Montt, donde existen reclusos de alta peligrosidad, lo que permitiría “descomprimir en parte Aysén y Punta Arenas porque hay todavía un porcentaje pequeño, estamos hablando de un 5 o 7%, de personas privadas de libertad en el caso de Punta Arenas que no son de la región”.
Sistema de inhibición
de celulares
Una tecnología de última generación y con la que cuentan pocos países en el mundo fue adquirida el año pasado mediante licitación pública es el nuevo sistema de inhibición de celulares. Para su implementación se crearon instalaciones especiales, las cuales funcionaron desde marzo de este año en una fase de implementación, estando completamente operativa desde mediados de abril en tres establecimientos penitenciarios de la Región Metropolitana: Santiago 1, Santiago Sur y el Recinto Especial de Alta y Máxima Seguridad. En ellos se concentra un 20% de la población penal del país, aproximadamente 10.000 personas.
El objetivo principal de esta herramienta es tener más control de los establecimientos penitenciarios. Además, Gajardo explica que buscan “evitar que los internos se sigan coordinando con las bandas a las que pertenecen afuera de los establecimientos evitar que sigan cometiendo delitos desde las estafas telefónicas hasta, eventualmente, delitos más graves como la extorsión a través de la telefonía celular”.
Durante este año se realizará una segunda licitación que incorporará a nueve establecimientos penitenciarios complejos y críticos en los que se busca implementar este sistema, aunque ninguno de ellos es de la región de Magallanes. “En la próxima licitación no está considerada sin embargo, esto es un proceso dinámico, tenemos que ir viendo cómo se implementa (…) vamos a estar siempre abiertos haciendo las revisiones para incorporar nuevos penales”.