Tribunal de Porvenir declara la quiebra de Nova Austral

El Sindicato de Trabajadores de Nova Austral S.A. fue informado ayer por la gerencia de la empresa, que nuevamente la compañía se encuentra en un complejo escenario financiero, ello debido a que dos proveedores no estuvieron de acuerdo con los términos propuestos en la reorganización judicial, ante lo cual el tribunal dictaminó la liquidación directa, según reza un comunicado enviado ayer por la organización sindical.

Ante esta situación, Nova Austral prepara la apelación en contra de la resolución del juez de Letras de Porvenir, y una nueva propuesta para negociar con los proveedores.

“La situación descrita complica la posibilidad de acuerdo que existe para cumplir con las obligaciones pendientes con Tesorería y el SII”, señalan los trabajadores.

Concluyen indicando que “nos mantendremos al margen de participar de gestiones dado que existen temas legales en curso con la empresa”.

En efecto, este lunes 13 de mayo, el magistrado de Porvenir, Pablo Aceituno, declaró la quiebra de la salmonera Nova Austral, tras las quejas de dos acreedores que reclamaron trato desigual que fue acogido por el juez. 

Comercializadora Nutreco Chile Limitada y Salmonífera Dalcahue Limitada, los acreedores, expresaron su disconformidad con las cláusulas de pago del convenio, que permitía la viabilidad de la empresa que opera en Porvenir.

La resolución decretada este lunes ordenó la apertura del proceso de liquidación concursal, solicitando a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la nominación de un liquidador, acompañando los antecedentes de los tres principales acreedores.

En todo caso, Nova Austral, asesorada por el abogado Ricardo Reveco socio de Carey, recurrirá ante la Corte de Apelaciones para impugnar la resolución de primera instancia.

La salmonera de capitales noruegos otorga empleo a más de 3.000 personas en forma directa e indirecta.

El juez Pablo Aceituno concluyó que el Acuerdo de Reorganización Judicial de Nova Austral “genera una desigualdad infundada, que deviene en ilegal, constituyendo una privación patrimonial a las afectadas”. Para ello, se basa en el artículo 64 de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que permite que en las propuestas de acuerdo de reorganización se puedan “establecer condiciones más favorables para algunos de los acreedores de una misma clase o categoría, siempre que los demás acreedores de la respectiva clase o categoría lo acuerden con Quórum Especial, el cual se calculará únicamente sobre el monto de los créditos de estos últimos”.