Gobierno busca reducir en un tercio los tiempos de tramitación de permisos sectoriales

Uno de los principales escollos denunciados por los gremios económicos tanto a nivel regional como nacional es la permisología, palabra acuñada por un medio santiaguino que resume todas las trabas que presentan las inversiones para obtener permisos sectoriales. Hoy un proyecto debe obtener más de 380 autorizaciones sectoriales entregadas por 37 servicios públicos. El gobierno define esto como una “complejidad regulatoria que impide el crecimiento económico y el aumento de la productividad”, indica el resumen ejecutivo de la ley sobre autorizaciones sectoriales.

La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad en 2019 advirtió que el sistema de permisos se caracterizaba por  la ineficiencia y la falta de certeza jurídica. Identificó cuatro problemas: falta de claridad en el otorgamiento del permiso en cuanto a los requisitos y criterios involucrados; permisos que no se encuentran armonizados con el resto del ordenamiento jurídico provocando duplicación; precariedad del permiso debido a la existencia de vías de impugnación; y tiempos de tramitación que superan los plazos legales.

Según esta entidad, en la medida en que aumenta la complejidad del permiso, mayor es la extensión en los plazos de tramitación, llegando a un promedio de 17 meses. Los permisos con mayor número de rechazo son la concesión de uso oneroso otorgado por Bienes Nacionales; recepción de obra hidráulica mayor y proyecto obra hidráulica mayor entregada por la Dirección General de Aguas; concesión marítima dada por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y varios permisos concedidos por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Reducción de
la permisología

El pasado 10 de enero el gobierno de Gabriel Boric presentó el proyecto de ley sobre autorizaciones sectoriales. Este creará una nueva institucionalidad encargada del sistema de permisos, instaurará los avisos y declaraciones juradas como técnicas habilitantes alternativas a los permisos, modificación que pretende cambiar 37 cuerpos legales; establecerá plazos máximos para otorgar ciertos permisos; se reforzará el otorgamiento de los silencios administrativos (positivos y negativos) en caso de vencimiento de plazo respuesta por parte de la autoridad; se creará una ventanilla única estandarizada y digital para la tramitación de permisos.

Según estimaciones de la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía esta modificación legal reducirá un tercio los tiempos de tramitación de permisos sectoriales.  

La legislación se centrará en el siguiente tipo de autorizaciones sectoriales:  permiso de administración o disposición para acceder a bienes administrados por el Estado; de localización para intervenir en un determinado terreno; autorizaciones de proyecto para obtener la aprobación del diseño del proyecto; autorizaciones de funcionamiento para obtener la habilitación del proyecto: y permisos de actividad o servicio: para ejercer determinadas actividades o servicios.

Los permisos de administración deberán ser contestados en 120 días; los de localización se responderá en 50 días; en 60 días se responderán los permisos para actividades o servicios; 50 días tendrán para contestar las autorizaciones de proyecto; 25 días en responder a permisos relacionados con habilitación de proyectos; y 60 días para otras autorizaciones.

Se contempla que a través de un Decreto Supremo emanado por el Ministerio de Economía se puede priorizar un proyecto de inversión. Se debe contar con el apoyo de las carteras de Hacienda y Medio Ambiente.

La ley tendría un costo fiscal de $1 mil 361 millones el primer año, y aumentaría a $1 mil 523 millones en su segundo año.

La institucionalidad

El proyecto consagra la creación de un Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, el cual está compuesto por Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, Comité de Subsecretarios para la Regulación y Evaluación Sectorial, los ministerios y el resto de los órganos de la Administración del Estado y entidades de derecho público con competencias en materia de regulación.

El Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial será un agencia pública que tendrá por objetivo velar por el correcto funcionamiento del sistema y perfeccionar progresivamente la normativa sectorial para avanzar hacia la estandarización de los permisos.

El comité de subsecretarios será la instancia de coordinación de los órganos del Estado. Este será el encargado de conocer las recomendaciones formuladas por el Servicio y definir una agenda de mejora regulatoria al Ejecutivo.

Se considera contratar personal temporal en caso que la tramitación de permisos se encuentre entrampada por exceso de carga laboral en los servicios públicos.

Críticas

El centro de pensamiento de Evópoli realizó un estudio sobre la ley que pretende reducir la cantidad de permisos sectoriales. Este fue escrito por el magallánico Rodolfo Arecheta, ex candidato a convencional constituyente, en conjunto con Alfonso España y José Joaquín Obach.

El informe identificó seis aspectos de la arquitectura de la ley de Marco de Autorizaciones Sectoriales que podrían comprometer el éxito de las definiciones y fines establecidos en esta legislación.

Exponen que la legislación no se hace cargo del problema del incumplimiento de los plazos establecidos en la ley por parte de los órganos sectoriales. “No presenta incentivos reales para la agilización de los permisos vinculados a la eficiencia de los órganos de la Administración del Estado responsables de tramitarlos”, indica el documento.

“Las mejoras regulatorias emanadas del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial corren el riesgo de ser irrelevantes”, expresa. Según ellos al ser una agencia independiente podría carecer de influencia en los distintos servicios públicos y que la función de esta agencia más que diagnosticar el problema debería apuntar a realizar una implementación efectiva que elimine los cuellos de botella que presenta el sistema de otorgamiento de permisos.

El centro de pensamiento derechista considera que el Comité de Subsecretarios no será de utilidad mientras no existan incentivos para que las reuniones tengan un resultado concreto. “Los subsecretarios carecen de incentivos para proveer soluciones regulatorias, ya que tienden a tener prioridades marcadas por la contingencia”, señalan.

Otro problema que ven es que el proyecto de ley no explicita plazos para la dictación de reglamentos sobre las técnicas habilitantes alternativas y que en la práctica muy pocos permisos puedan ser reemplazados por estas técnicas.

“Existe un riesgo de mayor judicialización por los silencios administrativos, sin que sus efectos estén debidamente ponderados”, subraya el estudio. Asegura que esto no entregará certeza jurídica a los solicitantes de permisos.

Alegan que la determinación de los proyectos priorizados no dependa de criterios objetivos que puedan implicar que queden al arbitrio del gobierno de turno. “El proyecto es poco ambicioso con la eliminación de permisos”, sentencian.

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