Acusación constitucional, sacar a mil

El 24 de enero del año 2023 inicié una columna con el siguiente párrafo: “Entender el sentido y los objetivos que tienen las instituciones republicanas relacionadas con el ejercicio de los gobiernos democráticos es fundamental para el desarrollo de los países pues, como la vida misma, en la medida que las instituciones utilizan adecuadamente sus instrumentos y herramientas, mayores posibilidades existen de obtener los fines que persiguen. Por otro lado, su uso indebido, inadecuado o inconducente sólo contribuye a confundir a la ciudadanía y a distraernos de las grandes tareas”. (Acusación Constitucional
 otra vez. Columna en La Prensa Austral)

La columna se refería a las acusaciones políticas respecto de ministros de Estado, en el ámbito netamente político, esto es, en el ámbito del ejercicio de la política. 

Hoy estamos en presencia de una seguidilla de acusaciones en contra de ministros de la Corte Suprema de Justicia y, más allá de la simpatía o antipatía que generen estos juicios, me parece necesario, útil e imprescindible, recordar ciertas cuestiones que se deben considerar en situaciones tan extremas, como la cesación de funciones de altas magistraturas.

Al respecto ya he señalado que estos mecanismos son de última ratio o última (y más grave) decisión, la que se adopta cuando no existen otras medidas que adoptar para enderezar o regularizar un hecho que atenta contra la institucionalidad.

Por otra parte, es necesario precisar que la acusación se tramita y aprueba o rechaza por la Cámara de Diputados para el conocimiento y decisión del Senado de la República, quien debe resolver, en caso de acogerse por los acusadores, si corresponde o no aprobarla con la consecuente destitución de la autoridad requerida. 

Quiero centrarme en un par de asuntos que son obvios, pero muchas veces por ser obvios, se olvidan.

El primero tiene que ver con que las acusaciones deben fundarse en antecedentes serios que requieren un examen y calificación en el contexto y con los descargos y pruebas que acompañen por aquel que es acusado. Esto lo señalo porque en muchas oportunidades los descargos, defensa y antecedentes que acompañan los acusados, ni siquiera son objeto de los argumentos de quienes deben resolver y, casi nunca, se consideran como relevantes al momento del voto. Lo anterior es especialmente importante, pues una acusación que se acoja debe desvirtuar los argumentos de la defensa de modo tal que la sanción sea incuestionable y esto, más allá de lo que digan las normas respectivas, es un principio del debido proceso que constituye una garantía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico para cualquier ser humano.

El segundo tiene que ver con que es necesario que quienes la promueven o generen un ante juicio o, mejor dicho, un prejuicio, respecto a su decisión final, pues si ello acontece no tiene sentido alguno el procedimiento de juzgamiento. Independiente que los diputados son acusadores, es sano, conveniente y necesario que su acusación no constituya una condena previa que impida valorar adecuadamente la defensa y razonar en torno a la verdadera gravedad de los hechos que aparecen como reprochables. 

No atender a estos dos aspectos, implica condenar con un mero ejercicio de votos sin justificar y sancionar por un acto de razón, las acciones que autorizan una sanción tan grave. En palabras sencillas se trata de justificar del mejor modo posible, con la máxima objetividad e imparcialidad la gravedad de los hechos para sancionar o no con la destitución, porque, es este razonamiento, el que da cuenta de aquello que no es tolerable ni justificable en nuestro sistema, pues de lo contrario este grave procedimiento se convertirá en un producto de consumo, más o menos, recurrente por las mayorías parlamentarias ocasionales. 

Por mi parte, reitero la reflexión que compartí hace más de un año y medio, en la columna citada: “seguiré siendo optimista, esperando que nuestra imperfecta democracia adquiera una mayor madurez con representantes que se dediquen a lo sustancial, a lo que amerita atención y tiempo, políticos que dignifiquen la política con la construcción y no con la destrucción y que comprendan que los problemas reales de la gente no es un eslogan, sino que son problemas efectivos que, lamentablemente, parece que ellos no tienen”.