Crisis en Gendarmería

La situación que enfrenta Gendarmería en el Centro Penitenciario de Punta Arenas es alarmante y merece una atención inmediata. La treintena de funcionarios que se encuentra con licencia médica es un síntoma de una crisis más profunda, que se manifiesta en una sobrecarga laboral insostenible y en condiciones de trabajo deterioradas. 

Ello, sin duda, tensiona el sistema de turnos y la reubicación de personal desde otros penales y unidades, aunque necesaria, no es una solución viable a largo plazo, sino un parche temporal que ignora las raíces del problema.

Los gendarmes, quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad y el orden en el sistema penitenciario, han alzado la voz. Sus demandas, históricas y legítimas, reflejan un sentimiento de abandono por parte de las autoridades. La falta de ascensos, la deficiencia en equipamiento y la escasez de recursos humanos son factores que contribuyen a un ambiente laboral insalubre y a un debilitamiento de la función penitenciaria.

El aumento de la violencia al interior de los penales es otro problema expuesto, haciéndose notar que la población penal extranjera ha ido en alza y que ella funciona con sus propios códigos.

Es imperativo que las autoridades escuchen y atiendan las preocupaciones de quienes están en la línea del frente. Ignorar este llamado no sólo perjudica a los gendarmes, sino que pone en riesgo la seguridad de toda la comunidad. La labor penitenciaria es un pilar fundamental para el funcionamiento del sistema judicial y la reintegración social de los internos. Sin un personal motivado, bien equipado y adecuadamente respaldado, el riesgo de incidentes y la falta de control en las cárceles aumentan exponencialmente.

La movilización de los gendarmes no debe ser tenida como algo trivial. Sus demandas son importantes y ellos tienen derecho a que se les garantice condiciones laborales dignas. Con la creciente presión que está viviendo el sistema carcelario a raíz del incremento sostenido de detenidos por diversos delitos, la seguridad en nuestras cárceles no puede ser un tema que se posponga. Es hora de que las autoridades tomen medidas concretas para abordar esta crisis y restablecer la confianza en un sistema que debe ser justo, seguro y humano.