Defensa de caso Hércules presenta denuncia contra fiscal regional por irregularidades en la gestión de la causa

Uno de los emblemáticos casos que busca esclarecer la Fiscalía de Magallanes se trata del avión C-130 Hércules, que el 9 de diciembre de 2019, se desintegró con 38 personas a bordo en pleno vuelo. La causa a cargo del fiscal regional, Cristián Crisosto, cuenta con cinco formalizados a la fecha, por cuasidelito de homicidio con resultado múltiple, siendo todos vinculados a la Fach. 

Frente a la audiencia fijada para el 6 de diciembre, los abogados defensores ingresaron el pasado jueves una denuncia administrativa en contra del fiscal Crisosto por “graves irregularidades”.

Entre los ya formalizados en la causa están el general en retiro Eduardo Mosqueira Cruz, los oficiales Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti y Allan Asenjo Contreras, además del funcionario Emanuel Carrasco Millaquén. Los cuatro primeros, por haber permitido que una aeronave supuestamente no apta para vuelo hubiese despegado y el último, por mentir a la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando preguntó sobre la posición del C-130 en momentos en que ya se había perdido contacto con el avión.

A petición de la fiscalía y los abogados querellantes, Cristián Arias y Maximiliano Delgado, quienes representan a las familias de 29 de los 38 fallecidos, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas fijó audiencia de formalización el 6 de diciembre en contra de los funcionarios Fernando Mondaca Rodríguez y Joaquín Urzúa Rentería, a quienes también se les imputa cuasidelito de homicidio con resultado múltiple.

Denuncia contra Crisosto

Los abogados defensores Carola Fernández y Cristián Ahumada han cuestionado la validez de los peritajes, acusando incluso de un “plagio” entre ellos. Al respecto, el pasado jueves 21 de noviembre, ingresaron ante la Fiscalía Nacional una denuncia administrativa en contra del fiscal regional, Cristián Crisosto, a quien le endosan “graves irregularidades” en la gestión de la causa.

Entre los puntos que son mencionados en la denuncia, cuentan la contratación de un perito “no idóneo”, la presentación de un informe pericial “plagiado”, “falta de rigor científico” en dicho informe, “vulneración de principios esenciales” que afectan la imparcialidad de la investigación, “uso indebido de recursos públicos” e “impacto negativo en el debido proceso”.

La abogada Fernández declaró a El Mercurio que “la situación es bastante clara: los peritajes de Fajardo (uno de los peritos), presentado por los querellantes y de Gómez (perito solicitado por fiscalía), son prácticamente idénticos. Ambos realizan el mismo análisis, llegan a las mismas conclusiones y presentan las mismas omisiones, a pesar de haberse realizado con un año de diferencia. Esto resulta especialmente llamativo, dado que, en ese intervalo, se incorporaron numerosos antecedentes a la carpeta investigativa que no fueron considerados en ninguno de los dos informes”.

Se espera que todos los antecedentes del contenido de la investigación se hagan presente en tribunales en la próxima audiencia de formalización fijada para el 6 de diciembre.