El valor de lo público y la venta de los terrenos de TVN Red Austral

La venta del terreno y del histórico edificio de Televisión Nacional de Chile (TVN) en Punta Arenas ha encendido una señal de alarma que va mucho más allá de una operación inmobiliaria. Con más de 1.100 metros cuadrados construidos sobre un paño de 15.000 m², este inmueble -inaugurado en 1977- no es únicamente un espacio físico. Representa un capítulo significativo de la historia de las comunicaciones en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y ha sido un símbolo de la presencia del Estado en este territorio austral.

Pero hoy, esa presencia está a punto de diluirse. TVN ha puesto en venta el terreno por más de $5.489 millones, junto a otras sedes regionales en un proceso de desinversión que busca sanear las finanzas de la estatal. Y aunque desde el punto de vista administrativo la operación pueda parecer legítima, el fondo del asunto es más complejo.

El edificio de la Red Austral fue diseñado por destacados arquitectos nacionales y levantado en tiempos en que el Estado entendía la necesidad estratégica de contar con una red de televisión pública robusta y con anclaje regional. Ahora, lo que preocupa no es solo la pérdida de un inmueble icónico, sino también la posibilidad de que el terreno -de alto valor urbano- pase directamente a manos privadas sin que la región vea siquiera un retorno proporcional a lo que alguna vez se invirtió desde aquí.

El consejero regional Juan Morano ha levantado una bandera justa al recordar que estas instalaciones “fueron adquiridas con plata de la región”. Su llamado a realizar un estudio de título no es un tecnicismo legal: es un intento por rescatar la memoria institucional y fiscalizar, desde la historia misma del inmueble, si existe una base para reclamar un uso prioritario regional. ¿Fue este terreno comprado con recursos de la extinta Corporación de Magallanes? ¿Debería el Estado vender bienes públicos estratégicos sin considerar el interés de las regiones?

El gobernador Jorge Flies ha manifestado también una postura clara: el gobierno regional estaría dispuesto a comprar el terreno si con ello se garantiza que permanezca en manos públicas y se destine a proyectos habitacionales u otras iniciativas con sentido regional. La preocupación es legítima. ¿Qué sentido tiene que una empresa pública, como TVN, venda a privados lo que bien podría quedar en la órbita del Estado, si existen compradores con fines sociales?

Lo que está en juego no es sólo el terreno ni los muros del viejo edificio: es la concepción del patrimonio público y el rol que debe cumplir el Estado en regiones como Magallanes. 

Esta venta puede marcar el cierre simbólico de una era, pero también puede ser la oportunidad de abrir otra, si las autoridades regionales logran negociar a favor del interés común.