Un fin de semana duró en el cargo el nuevo seremi de Minería: Delegación Presidencial anunció su renuncia

• La explicación entregada vía comunicado fue que “durante las últimas horas se tomó conocimiento de la existencia de una denuncia presentada ante Tribunales”.

El pasado viernes 1 de agosto la Delegación Presidencial Regional de Magallanes informó de dos nuevos nombramientos para las secretarías regionales ministeriales de Salud y Minería: Lidia Amarales y Víctor Velásquez, respectivamente. Sin embargo, este segundo nombramiento pasó a duras penas el fin de semana, luego de que este lunes se haya aceptado la renuncia de Velásquez, producto de una denuncia presentada en su contra ante tribunales.

La renuncia de Velásquez fue informada por la delegación la noche del lunes. La explicación entregada vía comunicado fue que “durante las últimas horas se tomó conocimiento de la existencia de una denuncia presentada ante Tribunales, la cual habría sido ingresada en el periodo comprendido entre la propuesta de su nombramiento y su anuncio público”. A mayor ahondamiento, apuntaron que la causa se encuentra sujeta a reserva por parte del tribunal.

Tras conocerse la noticia, diversos medios regionales buscaron una respuesta oficial al respecto, consultando para ello al delegado o un representante del gobierno por el tema. No obstante, se indicó que el delegado presidencial, José Ruiz, se encontraba en la isla de Tierra del Fuego; en tanto que el vocero de gobierno, Andro Mimica, estaba en la provincia de Ultima Esperanza, ambos por viajes previamente planificados. Ante la imposibilidad de responder las consultas de la prensa, se envió un video del delegado Ruiz dando mayores detalles de la renuncia.

Fundamento de la
petición de renuncia

Siguiendo la línea de lo comunicado vía correo electrónico, el delegado presidencial sostuvo que la decisión se ha estimado prudente conforme a “resguardar la probidad administrativa”, así como proteger a las partes involucradas y resguardar el prestigio del cargo.

“Es una causa reservada y que se habría presentado posteriormente a la propuesta de nombramiento, proceso en el que siempre, ante toda autoridad, se realizan chequeos por diversas instituciones, cuestión que se realizó en forma normal y correcta”, explicó el delegado Ruiz Pivcevic. Según sus palabras, el carácter reservado de la causa “y la denuncia presentada en los últimos días posterior a estos actos administrativos, es que se desconocía”.

Velásquez no
fue notificado

En conversación con La Prensa Austral, Víctor Velásquez fue consultado por el caso en cuestión, que derivó en su salida. En primer lugar agradeció la confianza de haber puesto su nombre a disposición, “de haber visto en mí las competencias técnicas y políticas para poder haber llevado adelante el cargo, pero esta es una situación compleja que merece mi total atención y que pudiese ser un obstáculo en el ejercicio del cargo”.

Sin embargo, Velásquez sostiene que él hasta el momento de asumir el cargo no habría sido notificado del caso y que supo por otras vías: “No estoy notificado hasta el día de hoy (…) Asumí con desconocimiento total de la existencia de una denuncia”. 

A su vez, aclara que “mi renuncia no implica la aceptación de los hechos en caso alguno y los tribunales deberán encargarse de resolver esta situación”, agregó el abogado y exseremi de Minería.

La renuncia de Velásquez fue presentada oficialmente este lunes en horas de la noche, por motivos de índole personal.

Caso colusión médica 

En el marco de la renuncia de Velásquez por un caso en tribunales, trascendió un segundo cuestionamiento al nombre de Lidia Amarales Osorio, producto de un caso visto por la Fiscalía Nacional Económica en el año 2008, que tiene relación con la sociedad médica “AM Patagonia S.A.”, o “Ampatagonia”. En este caso, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sancionó por colusión a 74 médicos de Punta Arenas, entre ellos, a la recién nombrada seremi de Salud de Magallanes.

La Fiscalía Nacional Económica, que investigó el caso, acusó a los médicos de ponerse de acuerdo expresamente en los precios de las prestaciones médicas que otorgan. El TDLC impuso la multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales a los doctores que infraccionaron “las normas de defensa de la libre competencia”, entre ellos la actual seremi de Salud.

No obstante, tras elevar el caso a la Corte Suprema, el máximo tribunal resolvió rebajar las multas impuestas a cada uno de los reclamantes a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales, las que se dieron por pagadas al momento de emitir la sentencia, el 29 de diciembre del 2008.

Sobre este caso, la Delegación Presidencial de Magallanes no emitió declaraciones ni se refirió al respecto.