Estatuto Antártico y Tratado de Alta Mar: inconsistencia estratégica del Estado chileno

En un proceso in crescendo, el Estado chileno ha operado sin arraigo territorial su política antártica y sus prioridades territoriales en el extremo austral.

En 2020 se promulgó el Estatuto Antártico Chileno, cuyo objetivo era fortalecer la posición soberana de Chile, consolidar presencia estatal en el mar antártico chileno y establecer una institucionalidad moderna para la administración de los intereses nacionales en la Antártica. Sin embargo, parte importante de sus reglamentos no han sido dictados, lo que impide su implementación y trunca su objetivo territorialista. Un Estado que considera estratégico un territorio no posterga durante años los instrumentos que le permiten ejercer control, coordinación y presencia efectiva en la Antártica chilena, salvo que sea un Estado dirigido por una clase política sin arraigo territorial.

Paralelamente, el gobierno de Boric impulsó con rapidez la aprobación del Tratado de Alta Mar, sin una discusión estratégica proporcional a sus implicancias geopolíticas. El contraste es evidente: mientras la implementación del Estatuto Antártico permanece estancada, se prioriza un acuerdo internacional que no reconoce la soberanía chilena sobre nuestro mar antártico.

Una contradicción conceptual de fondo, pues mientras el Estatuto Antártico fortalece las capacidades soberanas de Chile en el mar antártico, el Tratado de Alta Mar reposa en la idea que el mar antártico se rige por acuerdos multilaterales.

Ese conflicto nunca fue discutido con la profundidad necesaria, porque parte de la clase política chilena creció sin arraigo territorial y reemplazó el análisis de soberanía por categorías de gobernanza global, cooperación multilateral y administración ambiental. Una clase dirigente sin respuestas claras ante un orden global que vuelve a posar su interés en las capacidades estatales, control territorial, la logística y la presencia efectiva.

Argentina lo entiende con claridad. Fortaleció su infraestructura austral, expandió capacidades logísticas y sostuvo una política de Estado consistente respecto de la Antártica y el Atlántico Sur. El resultado es un desequilibrio estratégico con Chile, porque nuestro problema antártico descansa en una deficiencia de entendimiento de la Antártica en este mundo post-globalista.

Por eso resulta cuestionable avanzar en un Tratado de Alta Mar -que nació fuera de época-, sin haber consolidado previamente nuestra propia arquitectura institucional antártica.

Nuestro problema es que Magallanes no puede seguir absorbiendo el costo de esa desconexión, ante lo cual llegó la hora que nuestra región se haga la siguiente pregunta: ¿Qué queremos y esperamos de nuestra relación con Chile y su centralismo?

Lo que necesitamos es tal vez una política austral coherente y con arraigo territorial, basada en capacidades concretas y continuidad estratégica. Eso implica esencialmente fortalecer Tierra del Fuego y Puerto Williams, aumentar presencia humana y logística en el sur y consolidar infraestructura que permita ejercer influencia efectiva en la Antártica y el océano Austral.

La soberanía no se sostiene mediante declaraciones ni una burocracia globalista desconectada con el pueblo, el territorio y el paisaje, sino mediante presencia, infraestructura, capacidad institucional y decisión política.

Un Estado que perdió arraigo territorial en Magallanes está administrando una región que ya no comprende. Y en el extremo austral, esa desconexión le está costando a Magallanes su esencia austral y a Chile presencia, influencia y destino histórico.