Fin a los privilegios

La decisión del Gobierno Regional de solicitar la devolución de tres viviendas fiscales utilizadas de manera irregular constituye una señal positiva y necesaria. Durante años, la administración de estos inmuebles estuvo rodeada de una preocupante falta de control, permitiendo que un beneficio concebido para atender necesidades institucionales y de servicio terminara, en algunos casos, transformándose en un privilegio prolongado en el tiempo.

La medida anunciada recientemente demuestra que existe conciencia de un problema que no puede seguir siendo ignorado. Más aún, revela la voluntad de corregir situaciones que, a la luz de los antecedentes conocidos, se alejaron del propósito original para el cual estas propiedades fueron destinadas. Es un primer paso que merece ser valorado.

Sin embargo, también es necesario señalar que la magnitud del problema exige una respuesta más amplia y decidida. La recuperación de tres inmuebles constituye una señal, pero no puede transformarse en el punto final de un proceso que debe abarcar la totalidad de las viviendas fiscales cuya situación jurídica o administrativa se encuentre en entredicho.

La discusión ha dejado de ser una cuestión de interpretaciones. El reciente pronunciamiento de la Contraloría General de la República vino a actualizar y precisar los criterios aplicables a la asignación y uso de estas propiedades. El dictamen no sólo clarifica el espíritu de la normativa, sino que además delimita con precisión las condiciones bajo las cuales puede justificarse la ocupación de viviendas fiscales y los mecanismos que deben activarse cuando dichas condiciones dejan de existir.

Ese pronunciamiento constituye una herramienta que las autoridades regionales no tenían con la misma claridad en el pasado. Hoy existe una orientación jurídica inequívoca respecto de la necesidad de evitar asignaciones indefinidas, usos incompatibles con la función pública y situaciones que terminan consolidando beneficios personales financiados con recursos de todos los ciudadanos.

No resulta razonable que mientras miles de familias enfrentan dificultades para acceder a una vivienda, una cincuentena de inmuebles fiscales permanezca ocupada bajo condiciones que ya no responden a necesidades institucionales reales.

La credibilidad de las instituciones también se construye sobre la capacidad de corregir prácticas que se han normalizado con el tiempo.

Magallanes necesita una política clara respecto de sus viviendas fiscales, lo que pasa por contar con catastros actualizados, criterios transparentes de asignación, fiscalización periódica y mecanismos efectivos para recuperar los inmuebles cuando desaparecen las razones que justificaron su entrega.

Con el respaldo de un dictamen reciente y categórico de Contraloría, ya no existen excusas para postergar una regularización profunda que permita cerrar definitivamente un capítulo de privilegios que nunca debió prolongarse tanto tiempo.