Alta Decepción Pública

El Sistema de Alta Dirección Pública fue creado en Chile hace más de dos décadas como consecuencia de una crisis política a propósito de la existencia de sobresueldos en los altos cargos de nuestro sistema político: Ministros, Subsecretarios, Directores Nacionales y Secretarios Regionales Ministeriales y otros con lo cual se redujo considerablemente los cargos de confianza en los niveles superiores del Estado, esto es, cargos que podían ser elegido o designados directamente por las autoridades de turno, para pasar a un sistema de concursos públicos destinados a seleccionar a los directivos de mayor jerarquía en la administración con el objetivo de profesionalizar la gestión pública, aportar o consolidar un sistema transparente y asegurar que los cargos se asignaran por mérito, esto es, por condiciones objetivas que permitan establecer el reconocimiento de un profesional para asumir dichos cargos. La selección comprende, fundamentalmente las siguientes etapas: convocatoria;  análisis de admisibilidad y curricular para determinar quienes cumplen las exigencias y perfiles de los cargos; una evaluación directiva por la institucionalidad o estructura superior de la alta dirección pública que mide competencias técnicas, habilidades blandas, liderazgo y adecuación al perfil por medio de instrumentos psicolaborales y ejercicios simulados; entrevistas finales por parte del comité de selección o el Consejo de Alta Dirección Pública y, culmina, con el nombramiento del seleccionado.

El presidente Kast en su discurso a la Nación ha precisado que pretende reformar la estructura del Estado y una de las principales reformas tiene que ver con modificar este sistema para que los cargos sean ocupados por criterios demérito y no por decisiones basadas en acuerdos políticos. Afirmó que, aún cuando valora el principio que inspira al sistema, su funcionamiento actual no responde a las necesidades del país, precisando que “los concursos toman demasiado tiempo, las vacantes se acumulan, los cargos quedan por largos periodos en manos de suplencias y, en la práctica, se ha ido debilitando aquello que la Alta Dirección Pública venía a garantizar: liderazgos estables, idóneos y responsables al frente de las instituciones públicas”.

Como ejemplo evidente de los problemas del sistema, señaló que al inicio de su administración existirían 184 cargos vacantes de un total de 321 puestos que deben ser provistos por este sistema.

A mi juicio, el problema del sistema no requiere una reingeniería, ni una nueva estructura, requiere ajustes menores en su diseño y algo que, al parecer no vamos a encontrar ya: profesionales dispuestos a exponerse a este sistema para después ser desechados, como se ha venido haciendo, cada vez que asume una nueva administración, siendo el caso más cercano, la remoción de la directora o jefe del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, abogada Macarena Cortés, fue removida de su cargo a pesar de contar con una buena calificación debido a que el gobierno quiere dar “otro enfoque a la entidad”.

De esta manera, ningún profesional dedicado, comprometido y capaz, postulará a estos cargos, pues el problema no está en el acceso vía concurso exigente y transparente, sino que en la remoción que cada gobierno hace por “razones políticas” o, si se quiere, “para dar otor enfoque al ejercicio del cargo” desde la perspectiva de la administración.