Cuatro carabineros retirados ocupan viviendas fiscales de Magallanes entre plazos vencidos y demandas judiciales

Lucas Ulloa Intveen

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Carabineros de Chile administra 213 viviendas fiscales en la Región de Magallanes distribuidas en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Primavera. Se trata de un beneficio habitacional reservado al personal en servicio activo, asignado mediante contrato y condicionado al ejercicio del cargo. La norma interna que lo rige es clara: quien se retire, sea dado de baja o cese en sus funciones por cualquier causa, tiene un plazo de 60 días para hacer entrega material del inmueble. Pasado ese plazo, rigen multas y, si la restitución no se concreta, la institución deriva el caso al Consejo de Defensa del Estado para la acción judicial correspondiente.

Sin embargo, datos entregados por la propia institución en respuesta a una solicitud de acceso a la información fundada en la Ley N°20.285, recibida el 27 de mayo de 2026, revelan que al menos cuatro exfuncionarios continúan ocupando viviendas fiscales en la región pese a haber vencido el plazo de restitución obligatoria. Los cuatro casos involucran inmuebles en la comuna de Punta Arenas. Tres se encuentran con demanda judicial presentada. Uno no registra judicialización, con ocho meses de incumplimiento transcurridos.

Los cuatro casos

El padrón entregado por Carabineros identifica los casos según tipo de propiedad, fecha en que debió producirse la restitución y si existe demanda presentada. No incluye nombres ni datos personales de los ocupantes, en aplicación del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, que protege la información cuando su divulgación puede afectar la vida privada o seguridad de las personas.

El caso de mayor antigüedad corresponde a una vivienda de tipo Dibicar-PAF -inmueble del Patrimonio de Afectación Fiscal administrado por la Dirección de Bienestar de Carabineros- cuya fecha de restitución obligatoria venció el 2 de enero de 2024. Su ocupante figura con condición de retiro absoluto, es decir, extinción total del vínculo funcional con la institución. A la fecha de este reportaje, el inmueble lleva más de 16 meses en situación de incumplimiento y existe demanda judicial en curso.

Los otros tres casos involucran viviendas de tipo Mutucar, categoría que corresponde a inmuebles adquiridos mediante el sistema de crédito mutual de Carabineros y administrados igualmente por la Dirección de Bienestar. Dos de ellos registran condición de retiro temporal. El tercero, con plazo vencido el 26 de septiembre de 2025, figura también como retiro absoluto y es el único de los cuatro que no tiene demanda presentada a la fecha en que fue entregada la información.

Más de 200
viviendas fiscales

El padrón entregado por Carabineros muestra 213 viviendas fiscales en la Región de Magallanes, distribuidas en tres categorías. Las viviendas de tipo Fiscal -inmuebles del patrimonio directo del fisco- suman aproximadamente 80 unidades. Las de tipo Mutucar, adquiridas mediante crédito del sistema mutual, representan la categoría más numerosa con alrededor de 115 unidades. Las Dibicar-PAF, del Patrimonio de Afectación Fiscal administrado por la Dirección de Bienestar, alcanzan unas 18 unidades.

La distribución geográfica concentra la mayor parte del parque habitacional en Punta Arenas, con entre 155 y 160 viviendas, seguida de Puerto Natales con aproximadamente 25 a 30, Porvenir con alrededor de 20 y Primavera con cuatro.

El padrón presenta, además, un vacío relevante: entre 15 y 20 registros no tienen fecha de inicio de asignación. Aparecen sin dato en la planilla. Eso significa que para esas viviendas es imposible determinar con la información disponible cuánto tiempo lleva el ocupante actual en el inmueble.

En materia de ingresos, la institución entregó datos de recaudación sólo para la categoría Mutucar, informando montos de 28,6 millones de pesos en 2022, 32,1 millones en 2023 y 33,2 millones en 2024. Para las categorías Fiscal y Dibicar-PAF, la institución declaró no contar con registros disponibles a la fecha de la solicitud, lo que representa en sí mismo un vacío administrativo: el Estado no llevaría registro sistematizado de los ingresos generados por dos de las tres categorías de inmuebles que administra en la región.

Respuesta institucional

Consultada por este medio, la institución entregó una respuesta que describe el procedimiento general de restitución sin abordar los casos específicos registrados en el padrón. En su declaración, Carabineros señaló que “todo funcionario que hace uso de un inmueble fiscal suscribe previamente un contrato de arriendo ante la Comisión de Viviendas de la respectiva Prefectura, documento que establece claramente los derechos y obligaciones asociados a su ocupación”.

La institución confirmó que el plazo de 60 días rige para efectuar las reparaciones y mejoras necesarias antes de la entrega, y que una vez vencido sin restitución conforme a la normativa, “se aplican las medidas administrativas correspondientes, incluyendo el cobro de multas diarias”. Asimismo, precisó que los antecedentes son puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para que, de estimarlo procedente, “ejerza las acciones judiciales tendientes a obtener la restitución del inmueble”.

Sin embargo, la respuesta no explicó por qué uno de los cuatro casos, con retiro absoluto y con el plazo vencido desde el 26 de septiembre de 2025, no registra demanda presentada, a diferencia de los otros tres. Tampoco dio cuenta de cómo se materializa el cobro de multas cuando el exfuncionario ya no percibe remuneración activa de la que descontar, ni si existe lista de espera de personal en servicio que requiera las viviendas hoy ocupadas por retirados.