Medida de prisión solicitada para formalizada por tráfico de drogas quedó en manos de la Corte

Una denuncia anónima al número *4242, “donde la ciudadanía puede llamar para entregar información acerca de delitos de los que haya sido testigo, dando a conocer datos relevantes sobre lugares y/o personas involucradas en algún ilícito”, permitió al OS-7 de Carabineros detener a una mujer por el supuesto delito de tráfico de drogas.

Este viernes fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía Graciela Beatriz Latorre Castro, sindicada por la fiscal Katerina Aranis como una mujer que se dedicaba a la venta de droga

Así lo consigna el informe policial, que detalla la forma en que traficaba en Punta Arenas, a partir de la indagatoria y seguimientos que realizaron desde el año pasado. Esto permitió establecer que la imputada era una proveedora de drogas a consumidores finales. Tanto vía “delivery”, como ventas que hacía en su casa, en calle Rómulo Correa, sector alto de la ciudad.

Entre los registros tomados del celular de la detenida, hay un whatsapp del 18 de marzo de este año donde Graciela le ofrece cocaína a una consumidora, condicionado al pago de 20 mil pesos.

Lo mismo se repite el 9 de junio, pero la mercancía la entregó vía aplicación Uber. La transferencia electrónica es por 20 mil pesos, entre muchas otras ventas por el mismo formato.

Desconociendo absolutamente que estaba siendo vigilada por el OS-7, el 26 de junio fue sorprendida realizando una venta de droga al interior de su domicilio, pasadas las 23 horas.

Cuando los policías allanaron su hogar encontraron una bolsa de nylon y 5 envoltorios de clorhidrato de cocaína, los que arrojó a la taza del baño de su dormitorio. Al igual que un plato con restos de la misma droga, la que fue analizada y dio positivo a clorhidrato de cocaína.

Además, Carabineros incautó una balanza para la dosificación de la droga, un teléfono celular utilizada para las ventas y dinero en efectivo. La detenida fue formalizada por el delito de tráfico de drogas.

La fiscal solicitó la prisión preventiva, entregando varios antecedentes de la investigación preliminar. Uno es la declaración de uno de los compradores que, luego de la transacción, fue ubicado y confesó a la policía que hace un año una mujer, de nombre Graciela, lo proveía de droga.

Además del historial de los whatssapp encontraron muchos registros de venta de droga. La imputada se acogió a su derecho a guardar silencio y no declaró.

La defensora penal pública licitada, Kryshna Santibáñez, se opuso argumentando nuevamente que “estamos en presencia del artículo 4° de la ley 20.000, esto es un tráfico en pequeñas cantidades”.

No a la prisión

El juez de turno, Ignacio Low, rechazó imponer la prisión preventiva y, a cambio, decretó el arraigo y arresto domiciliario nocturno.

La fiscal Aranis apeló verbalmente en la audiencia y el recurso lo tendrá que resolver la Corte de Apelaciones.