Corte revoca medida de juez de garantía y decreta prisión preventiva para acusada de microtráfico de cocaína

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas revocó este sábado la resolución del juez de garantía Ignacio Low y decretó prisión preventiva en contra de Graciela Beatriz Latorre Castro, formalizada el viernes por tráfico de estupefacientes tras ser sorprendida vendiendo clorhidrato de cocaína desde su domicilio en calle Rómulo Correa, en el sector alto de la ciudad.

El fallo, dictado por los ministros Marcos Kusanovic, Caroline Turner y el ministro suplente Claudio Jara, estableció que la habitualidad acreditada en la venta de droga —al menos seis meses de actividad, con ventas por delivery a través de Uber y mensajería— y el intento de deshacerse de la sustancia arrojándola al inodoro durante el allanamiento configuraban elementos suficientes para que la libertad de la imputada constituyera un peligro para la seguridad de la sociedad, descartando que las cautelares menores decretadas por el juez de garantía fueran suficientes.

El caso llegó a la Corte porque la fiscal Katerina Aranis apeló verbalmente en la audiencia luego de que el juez Low rechazara la prisión preventiva y decretara en cambio arresto domiciliario nocturno y arraigo. El Ministerio Público sostuvo que la conducta era habitual y encuadraba en el artículo 3° de la Ley 20.000, el de tráfico de drogas en su forma más grave.

La defensa pública, ejercida por Kryshna Santibáñez, argumentó que correspondía aplicar el artículo 4° de la misma ley —tráfico en pequeñas cantidades— considerando los doce gramos incautados. La Corte desestimó ese argumento apoyándose en la Ley 21.817, publicada en el Diario Oficial el 23 de mayo de 2026, que elimina el factor de cantidad mínima al penalizar drogas altamente tóxicas como el clorhidrato de cocaína. Con esa norma vigente, la cantidad incautada ya no es determinante para la calificación del delito.

La investigación se originó en una denuncia anónima al número *4242 y derivó en seguimientos del OS-7 de Carabineros que documentaron ventas reiteradas, incluyendo transferencias electrónicas de 20.000 pesos por dosis entregadas a través de Uber y mensajes de WhatsApp donde la imputada ofrecía cocaína a compradores. Al momento del allanamiento, el 26 de junio pasadas las 23 horas, intentó deshacerse de cinco envoltorios lanzándolos al inodoro.