Carnaval y falta de diálogo
El Carnaval de Invierno no pertenece a una administración municipal, a un canal de televisión o a una empresa privada. Pertenece a Punta Arenas. Es una celebración construida durante tres décadas por cientos de agrupaciones, miles de vecinos y también por los medios de comunicación que, año tras año, la han llevado hasta los hogares de quienes no pueden estar en la Costanera.
Por eso, la controversia surgida en torno a la transmisión televisiva del evento deja una sensación amarga. No porque exista una mala intención evidente de alguna de las partes, sino porque un cambio importante en la organización terminó convirtiéndose en un conflicto que pudo haberse evitado con más diálogo y una mejor planificación.
Es comprensible que el municipio quiera modernizar la cobertura del Carnaval. Una señal oficial, con cámaras distribuidas a lo largo del recorrido, drones y una producción de mayor estándar puede transformarse en una herramienta valiosa para proyectar la principal fiesta invernal de Punta Arenas hacia el resto de Chile e incluso al extranjero. También parece razonable buscar que los carros alegóricos y comparsas avancen con mayor fluidez, evitando largas detenciones que dificulten el desarrollo del espectáculo y perjudiquen al público.
Sin embargo, una buena idea puede perder fuerza cuando falla la forma en que se implementa. Si, como sostienen los medios de comunicación, la nueva modalidad fue informada apenas días antes del evento, resulta entendible el malestar. Durante décadas, los canales regionales organizaron transmisiones especiales, comprometieron auspicios, contrataron personal y destinaron importantes recursos técnicos para ofrecer una cobertura propia. Modificar las reglas cuando todo ese trabajo ya estaba en marcha inevitablemente genera perjuicios económicos y operativos.
Pero el problema va más allá de la relación entre el municipio y los medios.
La eventual ausencia de transmisiones locales significaría privar del Carnaval precisamente a quienes más dependen de la televisión para vivir esta fiesta: adultos mayores, personas enfermas, con movilidad reducida o familias que, por distintas razones, no pueden asistir al desfile. La televisión regional no sólo registra un evento. También cumple una función social al acercar la ciudad a quienes no pueden recorrerla.
Al mismo tiempo, tampoco parece razonable desestimar el argumento de las agrupaciones participantes. Si durante años han manifestado que las detenciones frente a los escenarios televisivos interrumpen sus presentaciones, afectan la evaluación del jurado o dificultan el desplazamiento de los carros alegóricos, esa inquietud merece ser considerada. El Carnaval existe gracias a ellas y cualquier organización debe procurar que sean las protagonistas.
Por eso, esta discusión no debería reducirse a elegir entre una señal oficial o transmisiones independientes. Ambas opciones perfectamente pueden coexistir. Existen numerosos eventos masivos en el mundo donde una producción central convive con coberturas propias de distintos medios, mediante acuerdos previos, zonas claramente definidas y reglas conocidas con suficiente anticipación.
El verdadero aprendizaje que deja esta polémica es que las decisiones relevantes requieren ser compartidas oportunamente con todos los actores involucrados. Cuando se trata de una celebración que moviliza a toda una ciudad, no basta con tener un buen proyecto. También es indispensable construir consensos.




