Hoja de ruta para fortalecer la minería chilena

A nivel mundial, Chile sigue siendo el principal productor de cobre, segundo de molibdeno y tercero de litio, además de un actor relevante en otros minerales estratégicos. Estos antecedentes confirman nuestro liderazgo en minería, una posición en la que muchos otros países productores quisieran estar.

Chile se encuentra en una posición expectante ante el nuevo ciclo de precios récord del cobre, impulsado por la creciente demanda para el proceso de descarbonización del planeta, la electromovilidad y, en el último tiempo, la inteligencia artificial. En la actualidad, la sostenibilidad del planeta y la generación de conocimiento, como nunca antes, requieren de más minería.

No obstante, la producción de cobre en Chile se ha estancado: hoy oscila entre 5 y 5,5 millones de toneladas anuales e incluso ha mostrado una leve caída en los últimos años. La inversión realizada recientemente no se ha traducido en aumentos de producción y gran parte de esta se destina a sostener faenas existentes, compensar la caída de las leyes minerales y financiar proyectos cuya producción veremos recién en la próxima década, sin lograr una expansión inmediata de la oferta.

A esto se suma el nuevo contexto global en el que se desarrolla la minería: han surgido nuevos distritos mineros y países que han modernizado sus regulaciones, atrayendo inversión.

¿Qué explica este desajuste entre las buenas condiciones de mercado y el desempeño de nuestra industria? Algunas causas son la creciente complejidad en la tramitación de permisos ambientales y sectoriales —con plazos amplios e inciertos, criterios difusos y duplicidades—; la derogación de marcos legales que promovían e incentivaban la inversión; niveles insuficientes de exploración; y la menor ley de algunos yacimientos.

Con base en este diagnóstico —elaborado en conjunto con distintos sectores de la industria, así como la Política Nacional Minera 2050—, hemos formulado el “Plan de Gobierno para la Minería 2026–2030”, que se articula en tres ejes y cuenta con medidas concretas, varias de las cuales ya iniciamos en estos primeros 90 días de la administración del Presidente Kast.

El primero de estos ejes trata sobre la “Promoción de inversiones y certeza jurídica”. Invertir en minería implica horizontes de décadas; por ello, proponemos un proyecto de invariabilidad tributaria que entregue confianza a quienes financian proyectos de largo plazo. Asimismo, ingresamos recientemente al Congreso un proyecto de ley que simplifica y aporta certeza al régimen de patentes mineras.

El segundo eje lo hemos definido como “Modernización regulatoria para la agilización de proyectos”. Como ministerio, nos encontramos actualizando reglamentos clave —Seguridad Minera y Ley de Cierre— para transformar parte de los permisos que ahí se otorgan en técnicas habilitantes alternativas dispuestas en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Adicionalmente, trabajamos con otros ministerios y servicios del Estado para modernizar regulaciones sectoriales, con el objetivo de facilitar el desarrollo de más proyectos mineros y el aumento de la producción. El objetivo es simple: reducir tiempos, evitar duplicidades y aumentar la predictibilidad para que proyectos viables no queden entrampados innecesariamente en la burocracia estatal.

El tercer eje corresponde al “Fortalecimiento de la institucionalidad minera”. En esta línea, promoveremos la modernización de las instituciones y empresas mineras del Estado; avanzaremos en la adopción de medidas para dotar de mayor transparencia al uso de los recursos del royalty; y promoveremos una mayor integración minera regional. En este contexto, ya reactivamos el tratado de integración minera con Argentina, lo que, además de fortalecer el vínculo con dicho país, permitirá desarrollar proyectos mineros que generarán miles de empleos, oportunidades para proveedores locales y contribuirán al fortalecimiento de la infraestructura regional.

El tiempo apremia. Chile no puede esperar. Cada tonelada adicional de mineral que logremos producir nos acerca al desarrollo: ayuda a financiar programas sociales, genera más trabajo para nuestros compatriotas —sobre todo en comunas mineras— y promueve el dinamismo regional. En definitiva, mejora las oportunidades para las familias chilenas. Por todo ello, tenemos la obligación, como país, de materializar los proyectos de inversión minera que se encuentran en cartera. Destrabarlos y hacerlos posibles es nuestro propósito.