Comisión especial sobre Zona Franca

La creación de una comisión especial del Consejo Regional para revisar el funcionamiento de la Zona Franca de Punta Arenas constituye una oportunidad que no debería desaprovecharse. Más allá de que sus conclusiones no tengan carácter vinculante, el solo hecho de abrir un espacio institucional de análisis resulta pertinente cuando el principal instrumento de incentivo económico de Magallanes se aproxima a un momento decisivo: la futura licitación de la concesión que regirá a partir de 2030.

Cincuenta años después de su creación, es razonable preguntarse si la Zona Franca continúa cumpliendo los objetivos para los cuales fue concebida. Las condiciones económicas, comerciales y tributarias de la región han cambiado profundamente, al igual que las necesidades de su aparato productivo. Un mecanismo diseñado para impulsar el desarrollo regional debe ser evaluado periódicamente, no para cuestionar su existencia, sino para verificar si sigue siendo una herramienta eficaz y equitativa.

La comisión tiene el mérito de proponerse una revisión amplia, que abarca desde el cumplimiento de los fines originales de la ley hasta la institucionalidad, los mecanismos de fiscalización y los efectos que el régimen franco produce sobre las actividades económicas locales. Ese enfoque permite superar discusiones coyunturales y situar el debate en un plano estratégico, pensando en el modelo que Magallanes requerirá para las próximas décadas.

Igualmente relevante es que esta instancia haya surgido con respaldo transversal. Cuando un tema de esta magnitud logra convocar a consejeros de distintas sensibilidades políticas, se fortalece la posibilidad de construir un diagnóstico serio y con mayor legitimidad pública. Las diferencias podrán aparecer en las conclusiones, pero el ejercicio de revisar antecedentes, escuchar actores y transparentar información ya constituye un aporte.

También conviene recordar que una comisión no reemplaza las decisiones que deberán adoptar posteriormente las autoridades competentes. Sus informes no obligan jurídicamente, pero sí pueden influir en el debate público y aportar antecedentes valiosos para definir las condiciones de la próxima concesión. En materias de largo plazo, las buenas decisiones suelen surgir de procesos de análisis más que de respuestas improvisadas.

La cercanía del vencimiento del actual contrato hace especialmente oportuno este ejercicio. Si existen aspectos que corregir en materia de fiscalización, transparencia, competencia o cumplimiento de objetivos, este es el momento para identificarlos. Esperar a la licitación sin una evaluación crítica significaría perder una oportunidad difícil de repetir.

Más que un juicio anticipado sobre la Zona Franca, lo que hoy corresponde es una reflexión responsable sobre su futuro. Una herramienta que ha marcado el desarrollo económico de Magallanes durante medio siglo merece un examen profundo, abierto y técnicamente sólido. Aunque sus recomendaciones no sean vinculantes, pueden convertirse en un insumo fundamental para que las decisiones de mañana respondan mejor a los intereses permanentes de la región.