Revisión de apelaciones incorpora 56 beneficiarios al bono compensatorio del 4%

Tras casi tres años de gestiones, la seremi de Hacienda de Magallanes resolvió las 181 apelaciones presentadas por extrabajadores de la exCaja de Empleados Particulares (Empart) que reclamaban el bono compensatorio del 4%, proceso iniciado bajo el gobierno de Gabriel Boric y que hoy administra el actual seremi, Manuel José Correa.

De ese total, 56 personas fueron reconocidas como beneficiarias, lo que sumará $51 millones 733 mil a los $417 millones 527 mil ya pagados desde junio de 2025.

“Vamos a sacar ese pago sí o sí, porque es lo que corresponde”, afirmó Correa, quien aseguró que peleará para que ningún caso pendiente quede sin resolución antes de cerrar definitivamente el capítulo del 4% en la región.

El camino ha estado marcado por tropiezos administrativos. El entonces seremi Alvaro Vargas ya había advertido, en el gobierno anterior, que la falta de registros y las trabas del IPS para verificar cotizaciones de los años 50 y 60 frenaban el cierre del proceso. En esa etapa se destrabaron casos como el fallecido exgerente de Enap Magallanes, León Sougarret, y el de viudas con cotizaciones propias que habían sido excluidas.

Con el cambio de gobierno, Correa relató que encontró el proceso “en status quo”: las apelaciones de octubre de 2025 seguían sin resolverse cuando asumió, a mediados de abril. Todas habían sido rechazadas en bloque, algo que no le cuadró, por lo que exigió antecedentes caso a caso y reabrió la revisión.

De los 181 apelantes, 10 reclamaban por el monto recibido y 171 por haber sido descartados como beneficiarios. Al final, 124 apelaciones fueron rechazadas y 56 aceptadas: cuatro correspondían a diferencias de monto y 52 a personas que sí eran beneficiarias y habían sido excluidas por error.

Según Correa, la causa principal de los rechazos fue la información dispersa y no sistematizada: los postulantes acudieron indistintamente a ChileAtiende, al IPS o a la seremi sin que sus datos quedaran centralizados, y varios dejaron correos, teléfonos o direcciones rurales equivocadas. La propia seremi debió atender presencialmente a cerca de 80 adultos mayores para regularizar sus antecedentes.

El seremi adelantó que, cerrado formalmente el proceso de apelaciones, cruzará la información con una base de datos propia armada con los casos atendidos directamente en la seremi, para que ningún beneficiario quede fuera. Ahora restan los trámites ante la Dirección de Presupuestos para liberar los recursos de los 56 nuevos beneficiarios, cierre de un proceso que, desde la promesa de Marcel en 2023 hasta hoy, tomó más de tres años en llegar a las cuentas de los extrabajadores de Empart.

El bono repara a quienes cotizaron adicionalmente entre 1958 y 1977 en Empart, aporte que la dictadura dejó de devolver ese último año. La demanda se arrastró por décadas hasta que en 2023 el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, se comprometió a saldarla, tras un catastro de 1.900 posibles beneficiarios, casi la mitad ya fallecidos. El impulso final fue del senador Alejandro Kusanovic, quien lo planteó directamente a Boric.

La postulación se abrió recién en marzo de 2025 y reunió 1.309 solicitudes: 643 fueron aceptadas y 666 rechazadas en la primera revisión. Los pagos se hicieron en tres tandas -485 beneficiarios en junio de 2025, 97 en julio y 23 en octubre- más 37 adicionales detectados y pagados en mayo de este año, tras descubrirse que no se había dejado presupuesto para ellos. Los montos van entre $700 mil y $2 millones 800 mil, según años cotizados, con un mínimo de doce meses de aportes para calificar.