Cierre de aeródromo de Puerto Natales

Antes de iniciar una obra pública indispensable, el Estado tiene el deber de construir algo igual de importante: confianza. Y esa confianza se logra informando, dialogando y buscando alternativas que permitan compatibilizar el interés general con las necesidades de las regiones y comunas. La controversia por el cierre parcial del aeródromo Teniente Julio Gallardo, en Puerto Natales, deja la impresión de que ese proceso simplemente no existió.

Nadie discute que la pista necesita ser reparada. Los problemas detectados en su superficie, que incluso provocaron la suspensión de vuelos hace algunos meses, evidencian que la infraestructura requiere una intervención. La seguridad operacional no admite improvisaciones ni postergaciones. En ese punto, el Ministerio de Obras Públicas tiene razón al sostener que las obras son necesarias.

Lo que sí resulta discutible es la forma en que se adoptó la decisión y el momento escogido para ejecutarla. Programar el cierre del aeródromo durante cinco de cada siete días, entre diciembre y marzo, coincide precisamente con el período en que Puerto Natales y Torres del Paine reciben la mayor afluencia de visitantes del año. Es una determinación que inevitablemente repercutirá en el turismo, en el comercio, en los servicios y también en la conectividad de una provincia cuya actividad económica depende en gran medida de esos meses.

Las críticas ya no provienen únicamente del sector privado. A la preocupación expresada por los gremios se sumó ahora el rechazo transversal de los consejeros regionales de Última Esperanza, quienes cuestionan no sólo el impacto económico de la medida, sino también la ausencia de información y de diálogo previo. La inquietud va más allá de las reservas turísticas o de la llegada de pasajeros. También se pregunta qué ocurrirá frente a una evacuación aeromédica, cómo se garantizará la continuidad de los servicios y si realmente se evaluaron alternativas que redujeran los efectos sobre la comunidad.

Esa falta de participación alimenta una percepción que se repite con frecuencia en Magallanes: que muchas decisiones relevantes siguen tomándose desde Santiago, con escaso conocimiento de la realidad regional. Tal vez la programación de las obras tenga fundamentos técnicos sólidos, pero esos antecedentes deben ser conocidos y debatidos con quienes viven las consecuencias de la medida. La transparencia también forma parte de una buena gestión pública.

La región necesita infraestructura moderna y segura, pero también instituciones capaces de comprender que la conectividad en un territorio extremo no puede analizarse únicamente desde una planilla de costos o desde la lógica de la ejecución presupuestaria. En provincias aisladas, un aeródromo no es un lujo ni una obra secundaria. Es una pieza esencial para el desarrollo económico, el turismo y, muchas veces, para la atención de emergencias.

Todavía existe margen para reconstruir ese diálogo. Si las obras son impostergables, corresponde explicar con claridad por qué no es posible ejecutarlas en otro período, qué alternativas fueron evaluadas, cuáles fueron descartadas y qué medidas de mitigación se implementarán para reducir el impacto sobre la provincia.