Rucos, entre punición y dignidad

El debate público y legislativo sobre la situación de calle en Chile ha alcanzado un extremo alarmante. La reciente iniciativa de un grupo de diputados de derecha para sancionar con penas de cárcel la instalación de “rucos” o estructuras improvisadas en espacios públicos expone una tentación recurrente en la política contemporánea, cual es responder al malestar social mediante el populismo penal, buscando invisibilizar la pobreza en lugar de resolver sus causas estructurales.

Planteado de manera tan simple como cruda, el proyecto cae en un contrasentido, pues pretende resolver la carencia absoluta de un hogar privando de libertad a quienes no tienen dónde ir. Esta mirada coercitiva busca calmar la comprensible preocupación ciudadana respecto a la seguridad y el uso del espacio público, pero lo hace a costa de estigmatizar y criminalizar a los sectores más vulnerados de la población.

Frente a esta lógica de castigo, la advertencia del Hogar de Cristo resulta tan categórica como necesaria. Las batidas municipales, los desalojos forzados y la amenaza de cárcel no constituyen una solución. Son una ilusión costosa e ineficiente que solo desplaza la precariedad de una esquina a otra. Convertir la indigencia en un delito es un gasto inútil de recursos públicos que ignora la complejidad de un fenómeno multidimensional.

Vivir en la calle no es una elección de vida ni una simple incivilidad. Es la manifestación más severa de la exclusión social. Como bien apunta el Hogar de Cristo, detrás de cada persona a la intemperie operan historias cruzadas por la violencia intrafamiliar -que afecta dramáticamente a las mujeres-, el consumo problemático de sustancias, trastornos graves de salud mental, el colapso de las redes familiares y la exclusión económica. Las estadísticas territoriales -como las de la Región de Magallanes, donde un alto porcentaje de las personas en situación de calle no ha completado la educación básica o vive con discapacidades no atendidas- confirman que estamos ante una crisis de salud y protección social, no ante un problema policial.

Frente al círculo vicioso del desalojo y la persecución, la evidencia internacional y local señala un camino distinto. Modelos como Vivienda Primero (Housing First), que otorgan un techo estable junto a un acompañamiento psicosocial continuo, han demostrado tasas de permanencia superiores al 70%. Invertir en soluciones integrales, ampliar la cobertura para grupos de alta vulnerabilidad (como niños, mujeres y personas mayores) y consolidar programas de apoyo ambulatorio no solo es éticamente superior, sino también económicamente mucho más eficiente que financiar operativos policiales cíclicos o mantener personas en el sistema penitenciario.

Nuestro país y nuestra región no necesitan leyes que castiguen la miseria ni discursos que utilicen el miedo para profundizar el estigma sobre los más desposeídos. La dignidad humana debe ser el eje articulador de las políticas públicas. Una sociedad verdaderamente democrática y justa no se mide por la celeridad con la que oculta tras las rejas los síntomas de sus fracturas sociales, sino por su capacidad para ofrecer caminos reales, sostenibles y respetuosos de los derechos humanos para salir de la intemperie.