Alcalde de Cabo de Hornos advierte que seis comunas de Magallanes no recibirían compensación por la Megarreforma

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, cuestionó la fórmula de compensación que el gobierno llevó este martes a votación en el Senado, dentro de la Ley de Reconstrucción Nacional, y advirtió que su aplicación golpearía con particular dureza a las comunas de Magallanes.

“La propuesta del Ejecutivo genera una profunda inequidad territorial”, afirmó. “En lugar de fortalecer el Fondo Común Municipal, que es el principal mecanismo de solidaridad entre comunas, una parte importante de los recursos se entrega según la pérdida de recaudación de cada municipio”. Eso, sostuvo, “favorece a las comunas con mayor patrimonio inmobiliario y deja en desventaja a aquellas que, como ocurre en gran parte de Magallanes, dependen estructuralmente del Fondo Común Municipal para financiar los servicios que reciben sus vecinos”.

Números de la
desigualdad regional

Para el jefe comunal, la región es el caso más elocuente de ese desequilibrio. “Nuestra región es probablemente el mejor ejemplo de esa desigualdad”, planteó. “Ocho de las diez comunas dependen en más de un 50% del Fondo Común Municipal, mientras que Cabo de Hornos alcanza una dependencia cercana al 90%”.

El punto más crítico de su argumento apunta a las comunas que quedarían sin compensación. “Seis comunas de Magallanes no tienen ningún inmueble que acceda a este beneficio y otras dos apenas registran uno”, detalló. “Eso significa que, bajo la fórmula propuesta por el Gobierno, recibirán una compensación nula o prácticamente inexistente. Es decir, se debilita el Fondo del que dependen, pero tampoco reciben recursos directos que compensen esa pérdida”.

“Una política nacional
debe financiarse con
recursos nacionales”

Fernández buscó despejar la idea de que la disputa enfrenta los ingresos municipales con el beneficio a las personas. “Lo que estamos planteando no es defender los ingresos municipales por sobre las personas. Todo lo contrario”, subrayó. “Creemos que una política pública de carácter nacional debe financiarse con recursos nacionales y distribuirse con criterios de equidad”.

En esa línea, exigió redestinar los fondos comprometidos: “Si el Estado comprometió recursos para compensar esta exención, esos recursos deben incorporarse íntegramente al Fondo Común Municipal, permitiendo que lleguen también a las comunas más vulnerables, rurales, aisladas y extremas del país”.

El alcalde apeló a la realidad de los territorios extremos para dimensionar lo que está en juego. “Las comunas extremas ya enfrentamos mayores costos para entregar salud, conectividad, mantención de infraestructura y servicios básicos”, señaló. “Debilitar el principal instrumento de solidaridad municipal significa afectar directamente la calidad de vida de nuestros vecinos”. Y advirtió: “No podemos aceptar que una reforma destinada a beneficiar a las personas mayores termine aumentando las brechas entre municipios”.

Finalmente, pidió una salida negociada: “Esperamos que el Gobierno nos escuche y abra un espacio de diálogo para perfeccionar esta iniciativa. Proteger a nuestros adultos mayores es un objetivo compartido, pero debe hacerse sin perjudicar a las comunas que más necesitan del apoyo del Estado y sin poner en riesgo el financiamiento de los servicios que entregamos todos los días a la ciudadanía”.

Fernández es uno de los dos alcaldes de Magallanes que suscribieron la declaración de más de cien jefes comunales del país que rechazan la fórmula del Ejecutivo y piden que la totalidad de los recursos comprometidos se canalice por el Fondo Común Municipal. La otra firma regional es la de Jeannette Andrade, alcaldesa de San Gregorio.

El pasado martes, el Senado aprobó por 27 votos a favor y 22 en contra el informe de la Comisión Mixta que fijó el mecanismo de compensación fiscal a los municipios por la exención del pago de contribuciones establecida en la Megarreforma. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional acogió a trámite y declaró admisibles los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición en contra de diversas normas del proyecto.