Alcalde de Cabo de Hornos pide al Congreso reconocer por ley a la provincia Antártica como territorio insular

El alcalde de Cabo de Hornos, Jaime Patricio Fernández Alarcón, solicitó al Congreso que reconozca legalmente a la provincia Antártica como territorio insular austral, en una exposición ante la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados, realizada este lunes en Valparaíso. La presentación, hecha por invitación del diputado Carlos Bianchi, buscó visibilizar las condiciones particulares de la comuna habitada más austral del mundo.

El eje del planteamiento es que la provincia -integrada por las comunas de Cabo de Hornos y la Antártica, con cerca de 3.000 habitantes concentrados en Puerto Williams y Puerto Toro- se administra con “instrumentos continentales”, pensados para territorios con caminos, redes y mercado, que no reconocen su condición insular. “La insularidad, administrada históricamente como carencia, debe gobernarse como lo que es: la condición constitutiva del territorio y su mayor activo estratégico”, sostuvo el jefe comunal.

Territorio insular

Fernández recordó que la Constitución ya contempla la figura de los territorios especiales por aislamiento geográfico y posición estratégica -hoy aplicada a Isla de Pascua y Juan Fernández- , y planteó que la provincia Antártica reúne esos mismos criterios sin contar con un reconocimiento equivalente. A su juicio, reconocer la insularidad “no es una concesión administrativa, sino una decisión de seguridad nacional”, en un territorio que definió como la ribera soberana del canal Beagle y plataforma natural de la proyección antártica de Chile. “Cada familia que habita la isla es un acto de soberanía efectiva”, afirmó.

El alcalde graficó el aislamiento con las cifras de conectividad: más de 30 horas de navegación en transbordador desde Punta Arenas, con frecuencia semanal y sin nave de respaldo ante contingencias, y vuelos de capacidad reducida en los que “pacientes, estudiantes y carga compiten por los mismos asientos”. La totalidad del abastecimiento de la provincia -alimentos, combustible y materiales- llega por vía marítima.

En materia de salud, expuso que el hospital comunitario opera con dotación mínima y alta rotación de profesionales, y que toda urgencia compleja o parto de riesgo obliga a una evacuación a Punta Arenas sujeta al clima, con riesgo vital en emergencias. Propuso un “régimen sanitario insular” con dotación protegida, capacidad resolutiva local, evacuación aeromédica garantizada y telemedicina con estándares asegurados.

Un punto que el alcalde subrayó con especial énfasis fue la salud mental, que describió como “un factor de riesgo territorial que ninguna política nacional ha logrado capturar”. Apuntó al aislamiento, al desarraigo de funcionarios cuyas redes familiares quedan a más de 30 horas de distancia y a los inviernos con jornadas de luz mínimas entre mayo y septiembre, en una comuna que no cuenta con psiquiatría permanente. Planteó la necesidad de un plan de salud mental estable, y no sujeto a la lógica de proyectos anuales.

Sobrecostos y gasoducto

El costo de vida fue otro de los focos. Fernández explicó que el flete marítimo encarece cada producto, que la calefacción opera casi todo el año y que construir una vivienda social en Puerto Williams puede costar cerca de 190 millones de pesos, muy por sobre el promedio regional, mientras los subsidios se calculan con parámetros continentales. Advirtió que la falta de vivienda lleva a médicos, docentes y carabineros a declinar destinaciones, y a las familias jóvenes a emigrar. “Poblar la isla no es un programa habitacional más: es una decisión de Estado”, planteó.

En el plano energético, valoró el proyecto de una central hidroeléctrica de pasada -impulsado por la empresa eléctrica con apoyo del Gobierno Regional- que permitiría reemplazar la actual generación a diésel, y pidió encargar a Enap un estudio de factibilidad para un eventual gasoducto hasta la isla Navarino, que abordaría el problema de la calefacción, hoy dependiente mayoritariamente de la leña pese a tratarse de una Reserva de la Biósfera.

Fernández planteó, además, una asimetría que -dijo- expulsa profesionales: la asignación de zona de los funcionarios municipales se calcula sobre el sueldo base, mientras que la del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden se calcula sobre el total de sus remuneraciones. Pidió igualar ese cálculo como principio de justicia.

Entre sus propuestas finales incluyó estándares garantizados de conectividad aérea y marítima, el mejoramiento del aeródromo, la conectividad digital como servicio esencial, subsidios de vivienda con factores insulares, un nuevo establecimiento educacional, declarar interés nacional en el muelle multipropósito y la corrección de los instrumentos de inversión pública que, sostuvo, castigan a las poblaciones pequeñas y aisladas.