Bienes Nacionales aún no define futuro de terrenos fiscales en San Juan y nuevas concesiones siguen frenadas

El futuro de los terrenos fiscales del área de San Juan, al sur de Punta Arenas, sigue sin resolverse. Tras una reunión de trabajo entre el gobernador regional, Jorge Flies, y la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, ambas autoridades anunciaron que continuarán las conversaciones sobre el ordenamiento del suelo fiscal, pero sin entregar aún definiciones. Esto mantiene frenado la entrega de nuevas concesiones por acuerdo del Consejo Regional.

Flies señaló que en el encuentro abordó tres temas prioritarios para el Gobierno Regional. El primero, “el ordenamiento territorial y bienes de uso público para avanzar en materia de concesiones de uso gratuito de corto plazo”; el segundo, la identificación del terreno para la futura planta de tratamiento y estanque de agua potable de Puerto Williams, que motivará una pronta visita del ministerio a esa ciudad; y el tercero, el Grupo de Formación de Carabineros en el sector de Río de los Ciervos, sobre la que espera una definición en los próximos meses.

El punto del ordenamiento territorial es el que arrastra un conflicto de fondo. Como ha planteado el propio gobernador, el mandato del Consejo Regional es abordar el sector sur con “una mirada más integral y no por proyecto o por petición de terrenos”, lo que supone avanzar en ordenamiento y coordinar con la Municipalidad de Punta Arenas, en cuyo territorio se emplaza el área. Mientras esa definición no llegue, las concesiones nuevas a entidades privadas permanecen detenidas.

Ese freno tiene un origen concreto. A mediados de julio, el Consejo Regional rechazó cinco solicitudes de concesión de uso gratuito de corto plazo -cuatro de ellas en San Juan- y cuestionó con dureza la ausencia de un plan maestro para la zona, advirtiendo sobre el riesgo de seguir entregando lotes de manera fragmentada en un terreno de alto valor natural. Desde entonces rige un acuerdo del Core de no aprobar nuevas concesiones a privados -cuya aprobación le corresponde de forma vinculante- hasta que se resuelva qué se hará con el sector.

Jorge Flies ha planteado que la definición no depende de un solo organismo, sino de al menos tres o cuatro actores: el Gobierno Regional, Bienes Nacionales, el municipio y, prontamente, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). De identificarse un espacio de uso público, este requeriría un administrador -rol que recaería en el municipio, como ocurre en Chabunco- y recursos que probablemente debería aportar el Gobierno Regional.

En su comunicado, sin embargo, Bienes Nacionales puso el acento en una agenda más amplia. La seremi Díaz Loaiza destacó “proyectos estratégicos de desarrollo en suelo fiscal” y la futura habilitación de la Biblioteca y Archivo Regional. Anunció que antes de fin de año el ministerio llevará adelante procesos de licitación para la enajenación de inmuebles fiscales. Según indicó, el 65% de esos ingresos pasará a formar parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).