Magallanes registra 214 delitos de explotación sexual infantil en tres años, concentrados en 72 víctimas

La Región de Magallanes registró 214 delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes entre 2023 y 2026, concentrados en 72 víctimas, lo que significa que cada una acumula varios delitos asociados en su contra. La cifra fue expuesta por el fiscal regional Cristián Crisosto durante la tercera jornada temática de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que sesionó de forma descentralizada en Punta Arenas, y da cuenta de un fenómeno que sitúa a la región entre los tres primeros lugares del país por tasa cada 100.000 habitantes.

Crisosto explicó que se trata de un fenómeno específico dentro de los delitos sexuales, con una incidencia regional que llama la atención desde hace más de una década. Entre 2010 y 2026, según expuso, el 85% de las víctimas de delitos sexuales en la región son de género femenino y cerca del 60% son menores de edad, una proporción superior a la que se registra a nivel nacional. Actualmente la Fiscalía mantiene 47 investigaciones vigentes por explotación sexual, asociadas a 64 delitos.

El fiscal subrayó un cambio en la forma de nombrar y entender el fenómeno. Hasta hace algunos años se hablaba de “prostitución infantil”, una mirada hoy descartada: la explotación sexual comercial supone que un adulto se aprovecha de la vulnerabilidad de un menor de edad -una dependencia económica, afectiva o asociada al consumo de drogas- para obtener actos sexuales a cambio de dinero, drogas, alcohol u otros bienes. Crisosto precisó que en la región no se han detectado bandas de trata de personas estructuradas, como en otras zonas del país, sino personas o grupos que, a partir del microtráfico, captan y someten a las víctimas. Señaló que los imputados son mayoritariamente de nacionalidad extranjera.

Bajo cuidado del Estado

El núcleo más grave del diagnóstico apunta a los niños y adolescentes bajo cuidado del Estado. El fiscal indicó que los casos más severos han afectado a adolescentes que se encontraban en residencias de protección estatal, de las cuales hoy existen dos en la región, ambas en Punta Arenas, tras el cierre de una tercera que operaba en Puerto Natales. En uno de los fallos condenatorios, la propia Corte Suprema calificó de “grave desamparo” la situación de víctimas que sufrieron estos delitos mientras se encontraban bajo el resguardo del Estado, una contradicción que, dijo el persecutor, debe llamar a la acción.

El mecanismo descrito parte del contacto a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, seguido de la entrega de dinero, drogas o regalos para ganar la confianza de las víctimas y aprovechar su situación de vulnerabilidad.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, reforzó el diagnóstico con datos propios. Señaló que la región presenta una tasa superior al promedio nacional y que las víctimas conocidas en denuncias ingresadas al Ministerio Público aumentaron un 73% en los últimos tres años. Advirtió que Magallanes se encuentra entre las tres regiones con tasas más altas en la obtención y facilitación de la explotación sexual, así como en la producción de material de abuso sexual infantil. Destacó, además, la creciente incidencia de las tecnologías de la información: el primer contacto entre el agresor y la víctima se produce cada vez más en entornos digitales, antes de la consumación del delito.

Dificultades

Crisosto detalló las dificultades que enfrenta la persecución de estos casos. La principal es que las propias víctimas no siempre se reconocen como tales, dado su proceso de maduración y el aprovechamiento de su vulnerabilidad por parte del agresor, lo que dificulta la investigación. A ello se suman las dudas sobre las facultades del personal de las residencias para impedir las salidas no autorizadas, que suelen ser el momento en que ocurren los hechos. El fiscal planteó como tareas pendientes el fortalecimiento del servicio de protección especializada, la mejora en la identificación y protección de las víctimas y, especialmente, la reparación posterior a la condena.

Tanto la Fiscalía como la Defensoría coincidieron en que el abordaje debe ser interinstitucional. Crisosto relató que se conformó una mesa de trabajo acotada -con el Servicio de Protección Especializada, el Poder Judicial y el programa Mi Abogado- para unificar información y criterios de investigación, además de un protocolo con el Tribunal de Familia. La Fiscalía incorporó, asimismo, este fenómeno a su sistema de análisis criminal, como medida preventiva ante la eventual instalación de estructuras externas.