Contraloría frena la compra del terreno para viviendas en Porvenir y cuestiona tasación por sobre $3 mil millones

La Contraloría Regional de Magallanes representó la Resolución N°61 de 2026 del Gobierno Regional (Gore), que aprobaba el contrato de compraventa de un terreno en Porvenir destinado al proyecto “Adquisición terrenos desarrollo habitacional urbano”. Mediante un oficio del 13 de agosto y firmado por el contralor regional Jorge Beamin Rosas, el organismo resolvió no dar curso al acto administrativo por no haberse subsanado la totalidad de las observaciones que ya había formulado en dos oficios anteriores del mismo año.

En términos administrativos, “representar” una resolución significa que Contraloría se niega a tomar razón del acto -el trámite de control de legalidad previo a su entrada en vigencia-, por lo que el contrato no puede materializarse mientras persistan los reparos. El Gore puede subsanar las observaciones y reingresar la resolución, o insistir por otras vías.

El reparo central apunta al valor del inmueble. El contrato fijaba un precio total de $3.333.333.333, cifra que la Contraloría considera insuficientemente acreditada. Según el oficio, el flujo de caja presentado para justificar ese monto “sigue careciendo de las variables mínimas auditables”, ya que el modelo económico omite los costos reales de urbanización, los plazos de absorción y las tasas de descuento necesarias para verificar la razonabilidad del cálculo.

Más severa aún es la observación sobre la metodología de tasación. El organismo contralor consigna que el único sustento del precio es la aclaración de un tasador privado “quien confiesa haber ‘ejercitado’ el precio mediante el ajuste forzado de la TIR -entre 11% y 13%- para asegurar resultados positivos”. Al no acompañarse la memoria de cálculo de ese ajuste, concluye la Contraloría, el valor final “carece de sustento científico”. El oficio agrega que el valor de suelo propuesto depende de un promedio simple -0,815 UF por metro cuadrado- entre extremos rurales y urbanos “obtenidos de internet”, sin factores de corrección que homologuen las diferencias de superficie, localización y grado de urbanización de los terrenos usados como referencia.

A ello se suma un reparo de procedimiento: el organismo observa que no se acompañaron antecedentes suficientes sobre el medio de difusión del proceso -el portal SIBIS- ni sobre la circunstancia de que el inmueble adquirido correspondiera a la única oferta recibida para la comuna de Porvenir. La Contraloría recuerda que el artículo 9° de la Ley 18.575 establece la propuesta pública como regla general para los contratos administrativos, y que la licitación privada solo procede mediante resolución fundada. También hizo presente que un informe del Serviu incorporado al expediente no fue modificado ni complementado con un estudio de mercado independiente.

Recursos del Fondema

La operación observada no es un antecedente nuevo para quienes siguen la gestión regional. En su Informe Trimestral N°2 de 2026, presentado al Consejo Regional el pasado 13 de julio, la Unidad de Control del Gore había explicado que el Fondo de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (Fondema) registraba una ejecución de apenas 0,20% al cierre del primer semestre, y vinculaba directamente ese bajísimo devengamiento a la tramitación en curso de la compra de este terreno en Porvenir.

En esa cuenta, la Unidad de Control detallaba que, mediante la Resolución TR N°7/2026, se había modificado el presupuesto del programa incrementando en más de $3.478 millones el subtítulo destinado a la adquisición de terrenos -financiado con cargo a la reducción de proyectos por distribuir- y recomendaba “reforzar el seguimiento de este programa durante el segundo semestre para asegurar su ejecución oportuna”. Un mes después de esa advertencia, la Contraloría frenó la operación que concentraba la apuesta del fondo.

El desenlace confirma la lectura de cautela que había planteado el propio órgano de control interno del Gore y deja el proyecto habitacional urbano de Porvenir a la espera de que el Gobierno Regional subsane los reparos metodológicos y de legalidad para reingresar la resolución al trámite de toma de razón.